La decisión constituye una victoria para el gobernador Greg Abbott, el principal promotor del estatuto que prohíbe las ciudades santuario
Una Corte Federal de Apelaciones estadounidense dictaminó hoy que la mayoría de los mandatos contenidos en la ley antimigrante SB 4 de Texas pueden permanecer vigentes, mientras continúa la batalla legal sobre su constitucionalidad en una corte inferior.
La Corte Federal de Apelaciones del Quinto Circuito en Nueva Orleans determinó este martes que la ley SB 4 entre en vigor, excepto la disposición que prevé castigar a funcionarios locales por “adoptar, hacer cumplir o respaldar” políticas que prohíban o limiten la aplicación de las leyes de inmigración.
La decisión constituye una victoria para el gobernador Greg Abbott, el principal promotor del estatuto que prohíbe las ciudades santuario, autoriza a los policías locales cuestionar el estatus migratorio de las personas, y sanciona a los gobiernos que no cooperen con las autoridades federales de inmigración.
Abbott se mostró complacido con la decisión al señalar en un mensaje en Twitter que, con su fallo, la Corte rechazó las afirmaciones de que el proyecto de ley conduciría a un perfil racial.
“Prohibición en Texas a las ciudades santuario es defendida por la Corte Federal de Apelaciones”, tuiteó el gobernador. “Las denuncias de discriminación fueron rechazadas. La ley está en vigencia”, escribió.
En agosto pasado, el juez federal Orlando García ordenó suspender partes de la SB 4, incluida la disposición que exige que los funcionarios de las cárceles que cumplan con la disposición de las autoridades federales sobre la detención de reos inmigrantes, luego de cumplidas sus sentencias.
El juez también bloqueó secciones que prohíben a los gobiernos locales perseguir “un patrón o práctica que ‘limita materialmente’ la aplicación de las leyes de inmigración”.
Sin embargo, en su fallo de agosto pasado, el juez dejó vigente la parte de la SB 4 que dice que los jefes de policía, sheriffs y otros jefes de departamento no pueden prohibir a sus agentes cuestionar el estado migratorio de una persona.
En septiembre pasado, un panel de tres jueces de la corte federal de apelaciones autorizó a que entrara en vigor una previsión de la ley que pide atender las peticiones de detención que emite la Oficina de Inmigración y Aduana (ICE) de Estados Unidos a las cárceles de los condados.
El panel también afirmó que no se puede evitar que los agentes de la ley, incluida la policía de los campus universitarios, con “autoridad que pueda tener un impacto en la inmigración”, ayuden a las autoridades de inmigración federales.
En su decisión de este martes, la corte federal de apelaciones recomendó que el caso vuelva a una corte inferior, “con instrucciones para desestimar las disposiciones de la medida cautelar anulada”. En un comunicado el procurador general de Texas, Ken Paxton, se congratuló también por el fallo judicial.
“Me complace que el Quinto Circuito reconoció que el Proyecto de Ley Senatorial 4 es legal, constitucional y protege la seguridad de los agentes del orden público y de todos los texanos”, dijo Paxton.
“La aplicación de la ley de inmigración impide la liberación de las personas que han sido acusadas de delitos graves. A los criminales peligrosos no se les debería permitir regresar a nuestras comunidades para posiblemente cometer más crímenes”, señaló.
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