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Condena SRE entrada en vigor de ley antimigrante de Texas
Migrantes se preparan para cruzar el Río Bravo, en la frontera que divide a México de los Estados Unidos, en un punto de Texas. EFE/ Luis Torres

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) condenó la entrada en vigor de la Ley SB4 de Texas,  que permite a la Policía detener y expulsar a migrantes sospechosos de ingresar de forma irregular a Estados Unidos.

Al frente de la SRE he sido clara: la protección y apoyo a nuestros connacionales es la prioridad. Rechazo esta medida que criminaliza y discrimina a personas que en movilidad”, manifestó la canciller Alicia Bárcena en un comunicado.

La entrada en vigor de dicha legislación se da tras la luz verde otorgada por el Tribunal Supremo de Justicia estadounidense, que se pronunció este martes a favor del estado de Texas.

La SB4 podrá entrar en vigor mientras se escuchan los argumentos de una demanda entablada por el Gobierno del presidente Joe Biden y organizaciones defensoras de los migrantes.

El caso llegó al máximo tribunal después de una batalla legal emprendida por la Administración Biden y defensores de los migrantes encabezados por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, en inglés), que alegan que la iniciativa es inconstitucional.

Los demandantes habían pedido al Supremo que detuviera la implementación de la medida mientras se dirimía el caso en el Quinto Circuito de Apelaciones. El lunes, el juez Samuel Alito había bloqueado la ley de forma indefinida a espera que el pleno votará sobre esta solicitud.

Este martes los seis jueces conservadores votaron a favor de Texas, permitiendo que la ley entre en efecto mientras se da un fallo final en el caso.

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, aplaudió en un mensaje en X la decisión del alto tribunal. “Texas ha derrotado las mociones de emergencia de la Administración Biden y la ACLU”, y subrayó que la ley ya está en vigor.

La ley, una de las medidas antimigrantes más drásticas en la historia de Estados Unidos, convierte en delito menor el que un extranjero “ingrese o intente ingresar al estado desde una nación extranjera” de forma irregular. La falta se convierte en un crimen grave, punible hasta con 20 años de prisión, si el infractor es reincidente.

La iniciativa también permite que la Justicia estatal ordene la expulsión de personas sin mediar proceso legal. Asimismo, los oficiales de policía podrán arrestar a cualquier individuo del que sospechen que ingresó ilegalmente al país, y tendrán la facultad discrecional de expulsarlo a México en vez de arrestarlo.

Con información de López-Dóriga Digital y EFE