El proceso contra Crystal Mason es una muestra de la enérgica campaña de Texas contra el fraude electoral
Una mujer residente de la pequeña comunidad de Rendon, al suroeste de Dallas, en el estado de Texas, fue sentenciada a cinco años de cárcel por votar ilegalmente en la elección presidencial de 2016.
Crystal Mason, de 43 años de edad, estaba impedida para votar en la elección presidencial debido a que se encontraba en libertad provisional, tras haber sido declarada culpable de fraude fiscal en 2012.
Mason renunció a su derecho a un juicio con jurado y optó por que el juez estatal Rubén González determinara la sentencia, que le fue emitida el pasado miércoles.
“Me parece sorprendente que el gobierno sienta que ella inventó esto”, dijo su abogado defensor J. Warren St. John. “Nunca le dijeron que no podía votar, y votó de buena fe. ¿Por qué correría el riesgo de volver a prisión por algo que no va a cambiar su vida?”.
El abogado dijo después del veredicto que ya se había presentado una apelación y que tiene la esperanza de que su cliente pronto sea liberada bajo fianza.
En noviembre de 2016, Mason acababa de ser dejada en libertad tras pagar una sentencia en una cárcel federal por fraude fiscal en 2012, en la que se declaró culpable de inflar las devoluciones de sus clientes.
La mujer estaba bajo libertad supervisada en el momento de las elecciones, pero ella aseguró que nadie, incluido su agente de libertad condicional, le dijo alguna vez que ser un delincuente bajo supervisión significaba que no podía votar, según las leyes de Texas.
El proceso contra Mason es una muestra de la enérgica campaña de Texas contra el fraude electoral, un problema que los líderes republicanos del estado han descrito como “desenfrenado” en el pasado, aunque solo se han detectado casos aislados.
En un dictamen en 2016 que rechazó la estricta ley de identificación de votantes de Texas, que los legisladores estatales presentaron como una forma de detener el fraude electoral, la Corte Federal de Apelaciones del Quinto Circuito encontró solo dos sentencias por fraude electoral de 20 millones de boletas electorales en los años previos a la aprobación de la ley en 2011.
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