Debido a los altos costos de mantenimiento que deben soportar, varios condados podrían recurrir a medidas extremas
Varios condados de Texas muy endeudados porque no tienen suficientes presos en sus centros de detención por lo que esperan llenar sus celdas con un tipo particular de reos: migrantes que ingresaron al país ilegalmente.
La deuda se remonta a la década de 1990 y principios del 2000, en que algunos condados rurales empezaron a perder población ante la falta de empleos. Para atraer dinero y puestos de trabajo, construyeron centros de detención con cientos, y a veces miles, de camas en las que se podría recibir a reos de otros condados y presos de los sistemas federal y estatal.
En algunos casos la estrategia funcionó, al menos por un tiempo. Pero un descenso en los delitos combinado con un aumento en las sentencias alternativas redujo la población carcelaria.
Ahora la deuda, los servicios y el mantenimiento son una carga tan pesada que algunos condados enfrentan una disyuntiva: pueden gestionar contratos con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas para alojar a algunos de los extranjeros sin permiso de residencia que se espera sean detenidos en el marco de la campaña del presidente Donald Trump contra esa población. O pueden vender los centros de detención a empresas privadas, que tratarían de hacer lo mismo.
En las últimas semanas fueron vendidos tres centros de detención vacantes, de acuerdo con funcionarios locales y documentos presentados ante la Municipal Securities Rulemaking Board, la junta municipal que regula los centros de detención.
Algunas cárceles tendrían que ser modernizadas para satisfacer los requisitos del ICE, como se le dice al servicio de inmigración, por sus siglas en inglés, pero las instalaciones ya existentes podrían dar ventaja a Texas comparado con otros estados donde las empresas tendrían que perder meses construyendo espacios para presos.
El negocio carcelario está declinando. Un presupuesto ante el Senado de Texas anularía los contratos con otras tres cárceles.
El ICE no comenta cuántas camas necesitaría la agencia ni para cuándo. El portavoz Carl Rusnok se abstuvo de hablar de cualquier posible negociación para respetar la confidencialidad del proceso.
Al menos una agrupación se muestra incómoda con el secreto que rodea estas gestiones y con la idea de alojar más reos en instalaciones privadas tras recibirse quejas del trato que se da a los presos.
“Si la idea es tocar fondo en el terreno de los centros de detención, deberían surgir muchas señales de alarma de personas a las que les preocupa el bienestar y los derechos de los inmigrantes”, afirmó Bob Libal, director ejecutivo de la organización Grassroots Leadership de Austin, que promueve una reforma a las leyes de inmigración.
La firma Management and Training Corp. (MTC) compró recientemente un centro de detención del sur de Texas que había sido cerrado tras una revuelta de presos que los dejó inhabitable. El Willacy County Correctional Center, 72 kilómetros (45 millas) al norte de la frontera con México, recaudó 68 millones de dólares y permitió que el condado saldar la deuda de los bonos.
Hasta que estallaron las revueltas por el malestar en relación con la atención médica, la instalación era manejada conjuntamente por un grupo privado y el condado.
“Estamos colaborando estrechamente con el ICE y esperamos conseguir un contrato en algún momento. Estamos en las primeras etapas de esas conversaciones”, expresó Issa Arnita, vocero del MTC.
El comisionado del condado Beto Guerra confirmó que la empresa se propone reducir la capacidad de las instalación de 3.000 reos a 1.000. Esto se podría lograr eliminando las carpas de Kevlar que albergaron a unos 2.000 presos y que fueron destruidas durante los disturbios.
Funcionarios de los condados de Maverick y Jones confirmaron que sus centros de detención vacíos están siendo vendidos a la empresa de prisiones privadas GEO Group Inc., que administra más centros de detención de inmigrantes que ninguna otra compañía privada de Texas.
Un portavoz de GEO dijo que la empresa no comenta estas transacciones.
Igual que otros contados de Texas, el de Maverick creó una corporación sin fines de lucro, la Maverick County Public Facility Corporation, para conseguir financiación a través de bonos municipales y evitar que el condado tuviese responsabilidad financiera directa. Un operador privado administraba el centro de detención y ambos se repartirían las ganancias.
Después de una disputa con GEO del 2013 en torno a la repartición de las ganancias, la empresa privada se salió del negocio y el condado trató de operar la instalación y de pagar los bonos, según el juez David Saucedo, el principal funcionario administrativo del condado.
El condado finalmente llegó a un acuerdo con los tenedores de bonos para cerrar la instalación.
Otros condados sellaron acuerdos con empresas de prisiones privadas para renovar sus instalaciones vacías en la esperanza de que la detención de inmigrantes genere nuevas oportunidades.
Sin embargo, algunos funcionarios locales dicen que no planean trabajar con compañías privadas de prisiones por las experiencias del pasado.
Luego de que el Emerald Correctional Management desistiese de seguir administrando un centro de detención de 600 camas en el 2014, el condado de La Salle decidió operar el centro por su cuenta.
Este centro ubicado 64 kilómetros (40 millas) al norte de Laredo contaba con entre 350 y 450 presos todos los días y comenzó a dar ganancias. Pero el juez Joel Rodríguez se muestra cauteloso respecto a la posibilidad de que lleguen muchos inmigrantes.
“Hay muchas instalaciones vacías en Texas”, comentó. “Y no sé si se van a llenar por esto”.
Redacción
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