Decenas de miles de hondureños, salvadoreños, nicaragüenses y haitianos viven y trabajan en Estados Unidos gracias al Estatus de Protección Temporal (TPS)
Una caravana de hasta 150 vehículos llegados de todo Estados Unidos recorrió este miércoles Washington para exigir la residencia permanente para miles de migrantes con TPS de países como Honduras o El Salvador, cuyo beneficio migratorio expirará en enero de 2021 si el gobierno no lo renueva.
Bajo el lema “De camino a la justicia: Somos esenciales, ahora y siempre”, decenas de automóviles decorados con pancartas hicieron sonar sus cláxones al recorrer una de las principales arterias de la ciudad, la calle 16, rumbo a los alrededores del Senado de Estados Unidos, donde dieron una rueda de prensa.
Somos trabajadores esenciales, estamos aquí para contribuir a la economía, y es hora de que el Congreso actúe para proteger a estas miles de familias. Basta”, dijo Doris Landaverde, una salvadoreña que lleva casi veinte años en Estados Unidos y que se desplazó a Washington desde Boston para participar en la caravana.
Decenas de miles de hondureños, salvadoreños, nicaragüenses y haitianos viven y trabajan en Estados Unidos gracias al Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés), un programa creado en 1990 y que concede un estatus migratorio legal a ciudadanos de países afectados por conflictos bélicos o desastres naturales.
Trabajadores esenciales, en un limbo
Más de 131 mil de los beneficiarios de TPS han sido trabajadores esenciales durante la pandemia de COVID-19, ya fuera como empleados sanitarios o en tareas de procesamiento de alimentos, reparaciones o limpieza, según cálculos de abril de la organización progresista Centro para el Progreso Americano.
Landaverde es una de ellas: es limpiadora en la Universidad de Harvard, y durante esta pandemia ha “desinfectado oficinas y puertas” hasta que se enfermó con “síntomas similares a los del coronavirus” y tuvo que aislarse de su familia durante dos semanas, lo que provocó que se perdiera el cumpleaños de su hija.
Con lo duras que fueron esas dos semanas, cuando pienso en lo que pasará el 4 de enero, no puedo ni imaginar la pesadilla” que implicaría perder su estatus legal y ser deportada, afirmó en la rueda de prensa al concluir la caravana, organizada por la Alianza Nacional del TPS.
Durante décadas, Estados Unidos renovó de manera automática el TPS, pero el actual presidente estadounidense, Donald Trump, ha decidido acabar con algunos de esos permisos.
Sin embargo, una corte federal en California frenó el intento de Trump de acabar del todo con el TPS para salvadoreños, hondureños y haitianos; y el Gobierno accedió el año pasado a extender el programa hasta el 4 de enero de 2021 para los ciudadanos de esos países y los de Nicaragua, Nepal y Sudán.
Los beneficiarios del TPS están preocupados por qué pasará si Trump no extiende el programa más allá del próximo enero, y creen que ha llegado el momento de que el Congreso les conceda una vía a la residencia permanente en un país donde muchos viven y trabajan desde hace más de dos décadas.
“Mi familia se arriesga a que la separen”, lamentó en la rueda de prensa María Ayala Flores, una salvadoreña de 21 años que llegó a Estados Unidos cuando era un bebé y que fue una de las demandantes del caso judicial que permitió frenar la derogación del TPS.
Una de las que más kilómetros viajó para participar en la caravana fue Marta Fernández, una profesora hondureña de 53 años que se desplazó a la capital desde California para compartir su mensaje: “Estamos en un limbo. Llevo aquí más de 20 años y me mandan a casa, ¿adónde? Esta es mi casa, la de mis hijos”.
Con información de EFE
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