Amnistía Internacional destacó los riesgos que las políticas de la nueva administración de Trump podrían representar para los sectores más vulnerables
Amnistía Internacional (AI) expresó su preocupación ante el inicio del segundo mandato del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, debido a los eventuales impactos negativos en los derechos humanos a nivel nacional e internacional.
A través de un pronunciamiento conjunto, los directores de sus secciones en América destacaron los riesgos que las políticas de la nueva administración podrían representar para los sectores más vulnerables.
Ana Piquer, directora para las Américas de AI, advirtió que el enfoque del presidente Trump hacia la migración y el asilo podría exacerbar el sufrimiento humano y la inestabilidad en la región. “Defenderemos los derechos humanos sin importar quién ocupe la Casa Blanca”, afirmó al subrayar la importancia de una respuesta global ante las amenazas identificadas.
Migración y militarización, puntos críticos
Las propuestas del presidente Trump incluyen la deportación masiva de migrantes y el cierre de fronteras, medidas que, según AI, contravienen las obligaciones internacionales de protección a quienes buscan refugio.
Edith Olivares, directora de AI México, alertó que estas políticas también podrían derivar en un aumento de la militarización y los abusos de derechos humanos en su país.
Por su parte, Rosalía Vega, directora de AI Paraguay, señaló el peligro de que el discurso político del nuevo Gobierno estadounidense inspire la represión de la sociedad civil en otras naciones. “La independencia judicial y la libertad de expresión deben ser defendidas con firmeza”, enfatizó.
Derechos de mujeres, comunidad LGBTIQ+ y crisis climática
El informe también llama la atención sobre la vulnerabilidad de los derechos de las mujeres y las personas LGBTIQ+, áreas que fueron objeto de retrocesos significativos durante el mandato anterior.
Asimismo, AI denunció la decisión de Trump de retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París -un tratado internacional adoptado en diciembre de 2015 durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP21)- calificándola como una “agresión a los derechos humanos”.
Marina Navarro, directora de AI Perú, recordó que los efectos de la crisis climática impactan especialmente a comunidades indígenas y la juventud, por lo que instó a una transición energética justa y a la participación activa de Estados Unidos en la COP30, que se celebrará este año en Brasil.
AI enfatizó la necesidad de que Estados Unidos retome un papel proactivo en la protección de los derechos humanos a nivel global.
Lucía Pérez Chabaneau, directora de AI Uruguay, destacó la urgencia de una solución liderada por Haití para abordar su crisis de seguridad, mientras que Rodrigo Bustos, de AI Chile, instó a evitar discursos de odio y discriminación en el continente.
“La influencia de Estados Unidos trasciende sus fronteras”, señaló Piquer. “Estamos listos para trabajar en defensa de los derechos humanos, promoviendo un futuro más justo y seguro para todas las personas”, añadió.
Con información de EFE
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