Amnistía Internacional detalló en un informe los “graves retrocesos y riesgos inminentes” para los derechos humanos en Guatemala
Amnistía Internacional denunció este martes que el sistema de justicia en Guatemala “pende un hilo” porque las autoridades están “a punto” de “aniquilar” los esfuerzos de más de una década para fortalecer el sistema y el acceso a la justicia penal.
Esta es una de las principales conclusiones del informe “Última oportunidad de Justicia“, un documento donde la organización expone los “graves retrocesos y riesgos inminentes” para los derechos humanos en el país a raíz de las medidas adoptadas por el gobierno de Jimmy Morales, el Ministerio Público de Consuelo Porras, el propio organismo judicial y el Congreso.
“El acceso a la justicia está recibiendo fuertes golpes de los que Guatemala no podrá recuperarse si no se toman medidas ahora. Es necesario detener inmediatamente las acciones impulsadas por las más altas autoridades del país y asegurar que cada uno de los casos de violaciones de derechos humanos lleguen a la justicia”, explicó la directora para las Américas de AI, Erika Guevara Rosas.
A pesar de los avances logrados, las acciones emprendidas por estas autoridades “para frenar” los progresos ponen “en jaque los derechos humanos y el Estado de Derecho”, con una agenda legislativa “regresiva” y con una acción del Poder Ejecutivo que busca “socavar” los esfuerzos en materia de justicia y el trabajo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), cuyo mandato vence el próximo mes de septiembre.
Amnistía Internacional, que recuerda la pugna entre el Gobierno y la Cicig -que terminó con la no renovación de su mandato-, asegura que estas acciones son una “reacción a los significativos avances en el acceso a la justicia en Guatemala desde el 2007”, que se convirtieron en un “símbolo” de una nueva era en la que la Justicia empezaba a ser una “realidad tangible” que desafiaba la “cultura de impunidad”.
Pero las últimas decisiones adoptadas por las autoridades buscan “impedir la posibilidad de realizar investigaciones penales prontas, independientes y exhaustivas en los casos de alto impacto” y en los casos de violaciones de derechos humanos “estas prácticas incluso resultan contrarias a la obligación del Estado de Guatemala de investigar las violaciones de derechos humanos y podrían comprometer su responsabilidad internacional”.
En esta misma línea menciona el papel de la Cicig, que ha brindado asesoría a la Fiscalía desde su entrada en vigor en el año 2007, pero que desde 2018 se vio “sistemáticamente obstaculizada por el gobierno” e incluso se complicó la colaboración con la Policía Nacional Civil desde el cambio del ministro de Interior, Enrique Degenhart, que entró en enero de ese año.
Amnistía Internacional también manifestó su “preocupación” ante la ausencia de un plan “claro y oportuno” por parte del Ministerio Público para garantizar el proceso de fortalecimiento de sus capacidades iniciado con la Cicig, una situación que aunada a la falta de personal deja “serias dudas” sobre la voluntad real de la Fiscalía de seguir fortaleciendo sus capacidades y dar continuidad al proyecto de luchar contra la impunidad.
“Expertos entrevistados por Amnistía internacional coinciden en que faltarían al menos dos años para garantizar que este exitoso modelo de trabajo conjunto, sea plenamente integrado y asumido en el Ministerio Público”, aseguró el informe, en el que se recomienda valorar extender el mandato de la Comisión o crear un mecanismo con suficientes recursos para la transferencia real de capacidades y la continuación de la investigaciones abiertas.
El documento, que se elaboró tras dos misiones realizadas entre mayo y junio de este año, señala que hay un “peligro inminente” de retroceder por las “graves amenazas para la independencia” de fiscales, jueces y defensores de derechos humanos, y advierte que algunos magistrados toman decisiones para obstaculizar los procesos penales.
Uno de los últimos puntos de este análisis está dedicado a la actividad del Congreso, quien impulsó en 2017 propuestas legislativas que “promueven la impunidad”, como la amnistía que intentan aprobar para crímenes cometidos durante la guerra civil y que dejaría en menos de 24 horas libres a todos las que personas que ya hubieran sido sentenciadas.
Con información de EFE
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