El proyecto en Alemania establece la penalización de las asociaciones en favor del suicidio asistido
Una comisión interparlamentaria alemana denunció el riesgo de que se criminalice la asistencia especializada para el suicidio en casos de gran sufrimiento físico y sin perspectivas de mejora.
Se trata de un proyecto de ley que esta semana será sometido al proceso reglamentario para votarlo el próximo viernes 6 de noviembre, y que es impulsado por el demócrata cristiano Michael Brand, la socialdemócrata Kerstin Griese y el presidente de la Cámara Federal de Médicos alemanes, Frank Montgomery.
En contra se han manifestado la Unión Demócrata Cristiana, el Partido Socialdemócrata, la Izquierda y los Verdes.
El proyecto establece la penalización de las asociaciones en favor del suicidio asistido que hay en Alemania, y de cualquier práctica del suicidio asistido por razones de negocios.
La Comisión Interparlamentaria opositora advirtió este martes en conferencia de prensa que esa acepción es tan amplia, que los médicos se negarían a ayudar a los pacientes para evitar el posible castigo judicial, porque se hacen sospechosos ante la ley.
Informó también que 140 penalistas alemanes ya rechazaron en forma rotunda la posibilidad de criminalizar el suicidio asistido.
La Comisión Interparlamentaria defiende que se debe respetar la decisión de morir por parte del enfermo terminal que experimenta gran sufrimiento físico, o desconectar al enfermo cuando carece de familiares.
Se castigarían casos como proporcionar al enfermo que lo decida un medicamento que le produzca la muerte sin dolor ni angustia o la desconexión de su cuerpo de aparatos que prolongan innecesariamente su sufrimiento físico.
La criminalización de esa asistencia conlleva que el médico sea sometido a investigaciones judiciales, pérdida de la licencia médica e incluso cárcel.
Los legisladores que se oponen a ese proyecto de ley destacaron el artículo primero de la Constitución de Alemania, que establece que la dignidad del ser humano es intocable.
Argumentaron que el último deseo de las personas en morir con dignidad y con tranquilidad. Pusieron de relieve que el Estado no tiene derecho a intervenir en esa decisión personal, y que la amenaza de castigo jurídico es la última instancia a la que acude el derecho
Puntualizaron que con la penalización o criminalización del apoyo del médico para ayudar a morir al paciente causará que éstos eviten proporcionar esa ayuda la enfermo terminal.
Redacción
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