La Fiscalía General del Estado español presentó dos querellas por delitos de rebelión, sedición, malversación y conexos contra Puigdemont
La Fiscalía General del Estado español presentó este lunes dos querellas por delitos de rebelión, sedición, malversación y conexos, contra el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont y otros líderes independentistas.
El fiscal general José Manuel Maza hizo una declaración institucional en la que explicó que se les acusa por sus acciones que derivaron con la declaración unilateral de independencia el pasado viernes “con total desprecio” a la Constitución Española.
Puigdemont y los miembros de su gobierno fueron destituidos horas después de que el viernes el Parlamento de Cataluña declaró la independencia, al aplicarse el artículo 155 constitucional que permite al Estado español intervenir una comunidad autónoma en caso de desobediencia.
Asimismo, el gobierno español en aplicación de esta medida disolvió al Parlamento catalán y convocó a elecciones locales a realizarse el 21 de diciembre, mientras que esta semana se procede a tomar el control de las instituciones catalanas.
La querella contra los exmiembros del gobierno catalán se interpuso ante la Audiencia Nacional, que es la competente para conocer de los delitos imputados, ya que los querellados no ostentan la condición de aforados al haber sido cesados en sus cargos.
A su vez, la querella contra los miembros de la Mesa Directiva del Parlamento catalán que posibilitaron el desarrollo y culminación del proceso independentista, se ha interpuesto ante el Tribunal Supremo, al conservar la mayoría de los querellados el aforamiento.
En las querellas se solicita, como es lógico, que sean citados los querellados para prestar declaración y posterior comparecencia en orden a la eventual solicitud de medidas cautelares, debido a la gravedad de los hechos y de los delitos imputados.
Maza señaló que a partir de ahora, “la Fiscalía continuará ejerciendo sus funciones desde la imparcialidad y con estricta observancia de lo dispuesto en la Ley”.
Recordó que el objetivo es “garantizar el respeto al Estado de Derecho, al orden constitucional y a nuestro sistema de convivencia, gravemente afectado por las conductas que motivan las querellas”.
Redacción
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