Una comisión del Congreso de Perú apruebó que se inhabilite a Martín Vizcarra durante 10 años para ejercer cualquier función pública
Una comisión del Congreso de Perú aprobó este lunes un informe que pide acusar constitucionalmente al expresidente Martín Vizcarra (2018-2020) de “liderar una organización criminal” y que se le inhabilite durante 10 años para ejercer cualquier función pública.
La Comisión de Fiscalización, que preside el congresista Edgar Alarcón, aprobó el informe con diez votos a favor, uno en contra y tres abstenciones, tras investigar las contrataciones que hizo el Ministerio de Cultura desde 2018 del polémico cantante Richard Swing Cisneros, supuestamente por recomendación de Vizcarra.
En ese sentido, el grupo de trabajo recomendó que se inhabilite al exmandatario “sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad de acuerdo a las normas vigentes” y que también se le acuse “por infracción constitucional y la comisión de varios delitos de función”, así como de “liderar una organización criminal”.
Uso ilegítimo de la ley
El informe fue sustentado por Alarcón, quien recordó que la comisión pidió que se amplíe el plazo de las indagaciones hasta en dos oportunidades y que también se le permita investigar las presuntas contrataciones vinculadas con el entorno de Vizcarra en otras instituciones del Estado.
De acuerdo con el informe, que aún deberá ser debatido y votado por el pleno del Congreso, durante la gestión de Vizcarra “habría existido un uso ilegítimo” de la ley para favorecer a amigos y/o familiares con puestos de trabajo en el Estado.
Agregó que existió una organización criminal “que habría capturado el Poder Ejecutivo y sus dependencias, para utilizar el poder político con el que contaba su líder y jefe, el exmandatario Martín Vizcarra y sus miembros” con el objetivo de “contratar a las personas de su entorno”.
Acusación a ministros
El documento sostuvo que se habrían cometido “varios delitos de función ejecutados por el mismo exmandatario, exministros, funcionarios y servidores públicos del despacho presidencial y otros sectores del Poder Ejecutivo”.
Recomendó que se acuse constitucionalmente a los exministros de Agricultura y Riego Gustavo Mostajo, Fabiola Muñoz y Jorge Montenegro, por la posible comisión de delitos como omisión de funciones, demora de actos funcionales, colusión agravada y tráfico de influencias.
Además, que se acuse a los exministros de Cultura, Transportes, Vivienda y Construcción, Educación, y Defensa durante la gestión de Vizcarra por omisión de actos funcionales y “permitir que se ejecuten actos ilegales e ilícitos durante su gestión”.
Destitución de Vizcarra
Martín Vizcarra, quien postulará al Congreso en las elecciones generales del 11 de abril de 2021 por el partido de centro Somos Perú, fue destituido por el Parlamento el pasado 9 de noviembre por “incapacidad moral“, luego de que se conocieran denuncias de corrupción en su contra que aún están siendo investigadas.
La decisión del Congreso generó una grave crisis política y social que llevó a la renuncia del sucesor de Vizcarra, Manuel Merino, tan solo cinco días después de asumir el cargo y a la designación, el 17 de noviembre, de Francisco Sagasti como nuevo jefe de Estado.
Vizcarra ya había afrontado una primera solicitud de destitución vinculada con la irregular contratación de Richard Cisneros, un histriónico cantante que recibió unos 50 mil dólares en distintas contrataciones del Ministerio de Cultura, de difícil justificación, desde que el exmandatario llegó al cargo en marzo de 2018.
Acusador investigado
Este lunes también se supo que Alarcón, quien es el principal acusador de Vizcarra en el Congreso, es investigado por un fiscal anticorrupción de la región sureña de Tacna por supuestamente haber recibido 2 millones de soles (unos 560 mil soles) cuando estuvo al frente de la Contraloría de la República.
Según el testimonio de un aspirante a colaborador de la Justicia, el dinero fue entregado a Alarcón en 2017 por el exalcalde de la localidad de Ilabaya Luis Cerrato, quien también es acusado de liderar una organización criminal.
Tras conocerse esa información, Alarcón aseguró en Twitter que “era previsible que ante inminente aprobación del caso Swing, los aliados de Vizcarra lancen sus mentiras” y acusó al fiscal de haber violado la reserva del caso y de haber adelantado una opinión.
Con información de EFE
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