El presidente Trump firmará una orden para imponer un arancel global del 10 por ciento en virtud de la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que impondrá un arancel global del 10 por ciento tras conocer la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de anular parcialmente los gravámenes y apuntó que lo hará “dentro de tres días” y amparado en una ley de 1974.
“Firmaré una orden para imponer un arancel global del 10 por ciento en virtud de la Sección 122 (de la Ley de Comercio de 1974), además de los aranceles normales que ya se están cobrando. También estamos iniciando varias investigaciones en virtud de la Sección 301 y otras, para proteger a nuestro país de las prácticas comerciales desleales de otros países y empresas”, declaró Trump.
.@POTUS: “Effective immediately, all national security tariffs under Section 232 and existing Section 301 tariffs remain in place… Today, I will sign an order to impose a 10% global tariff under Section 122 over and above our normal tariffs already being charged.” pic.twitter.com/LLMeyj92SE
— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) February 20, 2026
La Ley de Comercio de 1974 es una norma histórica de Estados Unidos que otorga al presidente facultades para imponer aranceles de hasta el 15 por ciento durante periodos de 150 días.
Trump, que aseguró que cuenta con “alternativas muy poderosas” para imponer estas tarifas, explicó que va a recurrir a tres leyes que harán más compleja la implantación de los aranceles, pero que le permitirán seguir con su política económica a pesar de la decisión judicial del Supremo.
Es un proceso un poco más largo. Intenté simplificar las cosas, pero no nos dejaron hacerlo”, aseguró en su comparecencia ante la prensa apenas tres horas después de que su medida estrella haya sido parcialmente anulada por el poder judicial estadounidense.
Además de la Ley de Comercio de 1974, también mencionó la Ley de Expansión Comercial de 1962, firmada por el presidente John Fitzgerald Kennedy en plena Guerra Fría, y que le permitió ampliar la autoridad presidencial para negociar acuerdos comerciales y modificar aranceles.
También apeló a la Ley Arancelaria Hawley-Smoot de 1930 (o Smoot-Hawley), una norma estadounidense aprobada el 17 de junio de 1930, que aumentó los aranceles de importación a niveles históricamente altos, con el propósito de proteger a las industrias y agricultores estadounidenses de la competencia extranjera.
El fallo de la Corte Suprema establece que el Gobierno estadounidense no tiene facultades inherentes en tiempos de paz para imponer aranceles sobre la base de la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA) de 1977 invocada por Trump como pilar de su guerra comercial, ya que considera esos gravámenes un impuesto y por lo tanto requiere la aprobación del Congreso.
El presidente, visiblemente contrariado por la decisión judicial, aseguró que “la Corte Suprema no anuló los aranceles. Simplemente anuló un uso particular de los aranceles de la IEEPA”.
Puedo hacer lo que quiera con la IEEPA, imponer un embargo total, pero no puedo cobrarle a nadie ni un dólar por ello. Es ridículo, pero no importa, porque tenemos otras maneras, muchas otras maneras”, concluyó Trump.
¿Qué dice la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974?
La Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 es lo más cercano a una medida general ya que permite un arancel de importación de hasta de 15 por ciento para atender un desequilibrio “grande y serio” de la balanza de pagos.
Permite una acción rápida sin investigaciones extensas.
Los aranceles bajo esta sección expiran después de 150 días, a menos que el Congreso los prorrogue, pero se podría potencialmente declarar emergencias sucesivas.
El procedimiento se utiliza como puente mientras se despliegan instrumentos más estructurales como la Sección 232 (Seguridad Nacional), 301 (Prácticas injustificables) o antidumping y cuotas compensatorias.
La posibilidad de su uso sucesivo genera preocupaciones sobre la separación de poderes. Los criterios “vagos” sobre los déficits no han sido puestos a prueba en los tribunales, lo que brinda flexibilidad para su uso por parte del Ejecutivo.
Con información de EFE
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