Quedo en la mejor disposición de debatir estos temas con el Secretario, en el foro que él prefiera
Guillermo Ortiz
Septiembre 23, 2026
Me sorprende que el Secretario de Hacienda haya dedicado tiempo a responder con tanto detalle un artículo de opinión. Su agenda no es precisamente ligera: cerrar el Presupuesto de Egresos, administrar un déficit fiscal que ya ronda el 4 % del PIB, contener el costo financiero de una deuda creciente, y evitar que las calificadoras vuelvan a poner en duda la nota crediticia del país. Se agradece la atención, aunque uno se pregunta si no habría sido mejor empleada en alguno de esos pendientes.
Vale la pena aclarar, antes que nada, qué es lo que realmente dice mi artículo, pues su respuesta sugiere una lectura apresurada. En ningún momento disputé la reducción de la pobreza ni el aumento del salario mínimo. Son, sin ambigüedad, logros reales y los reconozco como tales. Sin embargo, es importante recordar que una parte de esa reducción de la pobreza se explica por las transferencias directas de programas sociales. Por esta razón es válido cuestionar la sostenibilidad del modelo en el tiempo. El costo de estos programas se acerca al 3 % del PIB y a una décima parte del gasto neto total. Y el presupuesto de 2027 vuelve a apoyarse en más deuda, con un superávit primario que, aunque ligeramente mayor, sigue siendo insuficiente para frenar el endeudamiento. De igual forma, las estadísticas del INEGI muestran que se ha observado en los últimos meses una caída récord de patrones afiliados al IMSS; ese es un síntoma preocupante que afecta la creación de empleos.
Preguntar por esa sostenibilidad no es negar sus beneficios. Es la pregunta obligada que cualquier funcionario de Hacienda, presente o pasado, tendría que hacerse.
A propósito, precisamente de programas sociales, quizás al Secretario se le pasó revisar el expediente completo. Fue durante mi gestión, en agosto de 1997, cuando arrancó Progresa (impulsada por Santiago Levy, Sub-Secretario Egresos). Su éxito, reconocido incluso por el Banco Mundial, promovió que se replicara en más de 50 países demostrando que, antes de 2018, el bienestar social sí importaba. Asimismo, fue el 1 de julio de 1997 que inició la reforma de pensiones que dio nacimiento al SAR dándole viabilidad financiera al sistema de pensiones. Adecuaciones al sistema que hizo el gobierno anterior precisamente partieron de esa gran reforma que adoptó el sistema de contribución definida.
Ahora bien, entremos al fondo de la carta, que se dedica en buena parte a repasar los indicadores de 1995-1997. Ahí sí conviene poner el contexto completo. Esos años no correspondieron a un ejercicio de política económica en condiciones normales: fueron la gestión de la crisis financiera más severa que ha enfrentado México en su historia moderna. El salario industrial promedio se desplomó, el desempleo se disparó, y el país estuvo, literalmente, a semanas de la moratoria de su deuda externa. Fue necesario reunir un paquete de apoyo por 50 mil millones de dólares —con Estados Unidos, el FMI, el BIS, entre otros— y recurrir al Fobaproa, para evitar el colapso total del sistema bancario. Aquí el Secretario tiene una confusión, pues sostiene que el Fobaproa rescató a banqueros con dinero público. Es falso, la finalidad fue rescatar a los depositantes del sistema bancario. Gracias al Fobaproa ni un solo mexicano perdió un peso de sus ahorros en esa crisis. Y todos los dueños de los bancos del sistema bancario perdieron su capital.
La pregunta que el Secretario no se hace, y que yo le dejo con gusto: ¿qué hubiera hecho él, en su escritorio, frente a un default inminente? Los ajustes de esos años fueron duros porque la alternativa —la quiebra soberana— hubiera sido incomparablemente más cara, y la habría pagado la misma población que hoy dice defender.
Sobre la inflación, el Secretario tiene razón en un dato y omite el resto de la historia. Sí, la inflación cerró en 1995 en niveles cercanos al 52 %. Pero ese shock fue precisamente lo que llevó a construir, en los años siguientes, el marco institucional que hoy permite a la Presidenta Sheinbaum presumir una inflación de 3.26 %. Me refiero a la autonomía del Banco de México, al esquema de objetivos de inflación, y a los colchones macroeconómicos que se fueron acumulando con el tiempo. Ese marco no nació en 2018. Es el resultado de un esfuerzo institucional sostenido durante casi tres décadas, construido y mantenido por varias administraciones. Reconocer esa continuidad no le resta mérito al gobierno actual, simplemente sitúa las cosas en su justa perspectiva.
Cierro con una invitación: quedo en la mejor disposición de debatir estos temas con el Secretario, en el foro que él prefiera.
Guillermo Ortiz
Exsecretario de Hacienda y Crédito Público de México y exgobernador del Banco de México, es tesorero del G-30.
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