El Gobierno mexicano anunció la semana pasada que pagará 815 millones de pesos para comprar la marca Mexicana de Aviación
La nueva aerolínea comercial del Ejército, Mexicana de Aviación, tendrá el principal reto de no convertirse en una carga fiscal para México, mientras reaviva el temor de la intervención de las Fuerzas Armadas en mercados civiles, coincidieron especialistas consultados este jueves por EFE.
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció hace una semana un acuerdo del Gobierno mexicano para pagar 815 millones de pesos (casi 48 millones de dólares) para comprar la marca Mexicana de Aviación, que era la principal aerolínea del país hasta que paró operaciones en agosto de 2010.
La constitución de la Aerolínea del Estado Mexicano ya había quedado asentada en un decreto del 18 de mayo pasado, cuando se autorizó una compañía a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que ofrecerá vuelos comerciales y de carga dentro y fuera del país.
Principal reto
Según los planes de López Obrador, la nueva Mexicana de Aviación irrumpirá en el mercado con precios hasta 20 por ciento más baratos que sus competidores y estimó que su rentabilidad se alcanzará en 2025.
Pero el mayor desafío, explicó Fernando Gómez, analista económico especialista en el sector aéreo, será alcanzar la viabilidad de la compañía estatal y no tener que vivir del presupuesto público.
En este punto coincidió Carlos Torres, también especialista del ramo, quien señaló que significará una presión adicional a las finanzas públicas en momentos en los que las inyecciones de capital podrían tener más impacto en rubros como salud o educación.
Modelo de negocio
Gómez consideró que, si bien López Obrador sostuvo que no busca el fin lucrativo, será necesario un modelo de negocios con alta visión de rentabilidad.
El secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, informó que iniciará operaciones este año con 10 aviones Boeing 737-800 para atender los 20 destinos más competidos en el país, con una inversión inicial de 4.000 millones de pesos (unos 235 millones de dólares).
De acuerdo con Gómez, la nueva aerolínea estatal tendrá que sumar otra cantidad igual en los próximos dos años para capital de trabajo, nóminas, mantenimientos, gastos operativos, servicios e infraestructura, entre otros.
Torres dudó que el Ejército opere los aviones en diciembre próximo, como anticipó López Obrador, y que alcance a ser completamente rentable para 2025.
No creo que ningún negocio, incluso de otro giro, pueda tener una rentabilidad tan rápida”, dijo.
Señaló que las aeronaves deberán someterse a revisiones y certificaciones que podrían obstaculizar la meta.
¿Competencia desleal?
Torres advirtió de un posible conflicto de competencias, ya que recientemente se asignó la operación de ciertos aeropuertos a las Fuerzas Armadas, lo que podría suponer ventajas desleales contra las aerolíneas privadas del país: Aeroméxico, Volaris y VivaAerobus.
Aún así, mencionó que la incursión de un nuevo jugador siempre beneficia la competencia y disipó que el Estado pudiera generar un desequilibrio en el mercado, aun con los descuentos anunciados.
Por otro lado, consideró que se abriría más mercado si México recupera la Categoría 1 en seguridad aérea que Estados Unidos degradó en 2021, ya que las aerolíneas privadas podrían concentrar sus esfuerzos en vuelos hacia destinos internacionales, principalmente Norteamérica.
Transparencia necesaria
Aparte, Roberto Durán, especialista del Tecnológico de Monterrey, consideró necesario un manejo transparente de los recursos.
No sé si es el mejor de los recursos públicos, dadas las necesidades que tenemos, pero me gustaría no preocuparme de tener un hoyo negro fiscal”, comentó.
Durán enfatizó que todas las decisiones deben justificarse porque es “una empresa pública, con recursos públicos”.
“Lo que tenemos que esperar es que todo eso sea público porque todos nosotros (los mexicanos) somos accionistas”, señaló.
El experto también señaló que el debate reactiva la discusión sobre el creciente involucramiento de las Fuerzas Armadas en sectores públicos y comerciales, como en administración de aeropuertos, aduanas y construcción de obras como el Tren Maya.
Aunque reconoció razones por las que se requiere la rectoría del Estado en el sector, pidió analizar si se necesita que provea directamente el servicio.
En este sentido, afirmó que la respuesta no es darle más poder a las Fuerzas Armadas, sino procurar que la burocracia alcance los mismos niveles de disciplina, profesionalización y eficiencia.
Con información de EFE
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