La farmacéutica Bristol-Myers Squibb, la Universidad Johns Hopkins y la Fundación Rockefeller enfrentan una demanda por su rol en experimentos médicos realizados en Guatemala
Un juez federal estadounidense dijo que el grupo farmacéutico Bristol-Myers Squibb, la Universidad Johns Hopkins y la Fundación Rockefeller deben hacer frente a una demanda por su rol experimentos médicos realizados en Guatemala en la década de 1940, sin el consentimiento de los afectados.
El juez de distrito de un tribunal de Maryland, Theodore Chuang, decidió rechazar los argumentos de que una reciente decisión de la Corte Suprema que protege a empresas extranjeras de juicios en el país por abusos a los derechos humanos cometidos fuera de Estados Unidos, también se aplique a los conglomerados locales.
El caso fue presentado en los tribunales por 774 guatemaltecos que iniciaron una acción civil afirmando que los demandados los sometieron a ellos o a sus familiares a experimentos en Guatemala sin su consentimiento durante la década de 1940 y 1950.
Los demandantes afirman que las tres entidades estadounidenses “condujeron experimentos médicos en ellos o en miembros de su familia sin el conocimiento o el consentimiento de las víctimas y que por lo tanto cometieron crímenes contra la humanidad, en violación a normas consuetudinarias bien establecidas en el derecho internacional”
“Hay normas internacionales que prohíben los experimentos médicos no consentidos en sujetos humanos”, dijo la corte.
El juez consideró que permitir que el caso siga adelante “promoverá la armonía” al dar a demandantes extranjeros la posibilidad de recurrir a los tribunales en Estados Unidos.
“Delito de lesa humanidad”
Una serie de experimentos en humanos realizados por estadounidenses en Guatemala, que nunca fueron publicados, fueron revelados en 2010 por la doctora Susan Reverby quien descubrió documentación de estos en los archivos del científico a cargo de los ensayos, John Cutler, fallecido en 2003.
Cutler y su equipo de investigadores reclutaron entre otros a soldados, enfermos mentales, prostitutas y presidiarios en Guatemala para realizar un estudio que pretendía establecer si la penicilina podía ser utilizada para evitar las enfermedades de transmisión sexual.
Inicialmente, los investigadores infectaron a trabajadoras sexuales guatemaltecas con gonorrea, sífilis o chancro, y luego las alentaron a tener sexo sin protección con soldados o presidiarios.
Los sujetos no fueron informados del propósito de la investigación ni advertidos de sus consecuencias potencialmente fatales. Estos experimentos afectaron a miles de personas.
El expresidente estadounidense Barack Obama se disculpó personalmente en octubre de 2010 por los experimentos, que su secretaria de Estado, Hillary Clinton, describió entonces como una prueba “falta de ética” y “condenable”.
Cuando estalló el caso, el expresidente de Guatemala Alvaro Colom (2008-2012) calificó de “delito de lesa humanidad” los experimentos.
Con información de AFP
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