La Concamin indicó que el plan del Cenace para afrontar la pandemia de COVID-19 “erige barreras a la competencia y desplaza a la iniciativa privada por la vía administrativa”
La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) denunció una limitación a la competencia en el mercado eléctrico, en particular en la generación de energías renovables, tras conocer el plan para afrontar la pandemia de coronavirus COVID-19 del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace).
“El acuerdo firmado erige barreras a la competencia y desplaza a la iniciativa privada por la vía administrativa, beneficiando indebidamente a centrales de generación de la CFE (Comisión Federal de Electricidad) más costosas y contaminantes”, lamentaron los industriales en un boletín.
La principal medida del acuerdo firmado por el Cenace, que debería estar en vigor desde el pasado domingo y “mientras dure la contingencia”, es la de suspender “las pruebas preoperativas de las Centrales Eléctricas intermitentes eólicas y fotovoltaicas en operación comercial”.
Además, el regulador acordó no autorizar pruebas en las centrales que no han iniciado aún operaciones comerciales.
La Concamin, en un comunicado casi calcado al de la principal patronal mexicana, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), evidenció que las medidas tomadas por Cenace son “arbitrarias e improcedentes”.
“Obligarán a consumidores industriales y comerciales que tienen contratos de compra con generadores de energía limpia a adquirir electricidad de mayor costo de la CFE”, denunció el consorcio industrial.
La Concamin atribuyó este acuerdo del regulador a una “imposición” de la empresa estatal CFE al regulador para que la favorezca por delante de la iniciativa privada, aun a costa de arrinconar energías “amigables con el medio ambiente” y tener contratos de suministro ya firmados.
Tanto los industriales como el CCE coincidieron en que, con este documento, las autoridades “retoman la ruta de captura regulatoria” en el sector energético que ya “evidenciaron” cuando la Secretaría de Energía dio el pasado octubre un vuelco a los requisitos para acceder a los Certificados de Energía Limpia (CEL).
“De confirmarse esta arbitraria e improcedente disposición redundará en una mayor pérdida de confianza de los inversores, acercándonos aún más a la pérdida del grado de inversión como país”, finalizó la Concamin.
El CCE cifró la inversión en energía en México en más de 20 mil millones de dólares, y anunció que impugnará legalmente el acuerdo, que ya fue publicado este martes en el Sistema de Información del Mercado (SIM).
“El sector privado tomará las medidas legales conducentes para defender la competencia con piso parejo y el derecho de los mexicanos a un medioambiente sano”, manifestó el CCE.
Con información de EFE
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