El Sistema Nacional Anticorrupción y su contraparte en los estados consideran que debe aplicarse prisión preventiva a los políticos por corrupción
El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y su contraparte en los estados consideran que se debe aplicar prisión preventiva a los políticos que hayan cometido delitos relacionados con corrupción.
José Octavio López Presa, presidente del SNA, informó que se sostienen reuniones con la titular de la Secretaría de la Función Pública, con la Ficalía Anticorrupción y con la Unidad de Inteligencia Financiera para contar con un marco de mayor comunicación entre el SNA y las representaciones en los 32 estados del país, compartiendo información para hacer más efectivo el combate a los ilícitos cometidos, tanto por funcionarios públicos, como particulares.
“Todos los países que han tenido éxito en esta tarea, han pasado por un proceso donde se quita la política de la justicia. En México hemos tenido esta tradición nociva de querer controlarlo todo. Los gobiernos quieren controlar todo”, criticó el también titular del Comité de Participación Ciudadana (CPC).
A su vez, Odracir Ricardo Espinoza Valdez, fiscal anticorrupción de Sonora, admitió que pese a la integración del SNA hace tres años, “la percepción de la gente es que no se está haciendo nada”, porque no se han procesado a políticos que cometieron actos de corrupción.
Añadió que la reciente reforma que dictamina como grave esta clase de delitos, permitirá que se aplique la prisión preventiva a los presuntos responsables.
El 15 de enero pasado, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó con 19 votos a favor, tres en contra y cuatro abstenciones, modificar el dictamen de la minuta que reforma el artículo 19 de la Constitución Política para incorporar al catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, entre los que se encuentra la corrupción, tratándose de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones.
“Se busca atender de manera eficaz la problemática de impunidad e inseguridad en nuestro país, situación que ha generado millones de víctimas ante los delitos de corrupción”, indica el párrafo siete de la citada minuta.
“En un futuro vamos a ver mucha gente procesada, vamos a llevarlos a prisión preventiva”, indicó el fiscal sonorense, al añadir que la fiscalía a su cargo tiene 115 expedientes abiertos “en los que 93 por ciento son políticos, empresarios y prestanombres. Entre ellos se encuentran nueve ex secretarios, varios presidentes municipales y tesoreros”, abundó.
El fiscal expuso que en la actualidad los implicados en casos de corrupción “van y entregan al juzgado sus pasaportes y sus visas para mostrar que no tienen intención de abandonar el país”, pero terminan fugándose, por lo que la prisión preventiva impedirá que eso ocurra.
Al hacer un recuento de los avances en la integración del SNA, puesto en operación el 19 de julio de 2016, José Octavio López Presa explicó: “vaya que ha habido obstáculos en estos tres años, porque estamos cambiando un paradigma. Es inédito e impensable para la clase política tradicional que tengan que estar en una mesa con ciudadanos, acordando políticas públicas”.
Sin embargo, reconoce que aún hay resistencia en algunos estados a formar los Sistemas Estatales Anticorrupción, como la Ciudad de México, Campeche, Chiapas y San Luis Potosí. Los 28 restantes están trabajando con los siete integrantes que los conforman, entre los que destaca el presidente de Comité de Participación Ciudadana (CPC). Un ciudadano que tiene la titularidad del sistema en cada entidad.
“Hay carencia de voluntad política para terminar de crear los sistemas estatales”, expuso López Presa-, me extraña de la Ciudad de México, pero no se han puesto de acuerdo, es una pena. En esto han arrastrado los pies por distintas causas, han hecho las cosas muy mal, por lo que no se ha podido constituir su órgano garante de la voluntad ciudadana”, criticó.
En el caso de San Luis Potosí, lleva 50 por ciento de avance, en lo que se refiere a la Ciudad de México la falta del fiscal anticorrupción impide el funcionamiento del SEA, en los dos estados restantes existe una omisión en la homologación de las leyes.
También se ha observado que el proceso de integración de las fiscalías estatales no ha estado exento de contratiempos, especialmente relacionados con la falta de presupuesto, e incluso de espacio para funcionar, como es el caso de Jalisco.
Con información de Notimex
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