Human Rights Watch advirtió que miles de solicitantes de asilo enfrentan condiciones “potencialmente peligrosas e insostenibles”
La organización Human Rights Watch (HRW) criticó este martes la política del gobierno de Estados Unidos de enviar a los solicitantes de asilo de regreso a México mientras se tramiten sus procedimientos ante tribunales de inmigración del país.
El informe “No podemos ayudarlos aquí: EE.UU. envía de regreso a México a solicitantes de asilo” concluye que miles de solicitantes de asilo procedentes de Centroamérica y otros lugares enfrentan condiciones “potencialmente peligrosas e insostenibles” al ser devueltos al país azteca por las autoridades estadounidenses.
El análisis, divulgado un mes después de que Estados Unidos y México acordaran ampliar drásticamente el programa de devoluciones, calcula que más de 4 mil 780 niños han sido enviados a ese país mientras se tramita su caso de asilo.
Una de las coautoras del informe, Clara Long, denunció que el Gobierno estadounidense “ha fomentado la peligrosa fantasía de que los solicitantes de asilo enviados de regreso a México tendrán acceso a trabajo y albergue y una oportunidad justa ante los tribunales de inmigración estadounidenses”.
“La realidad es que los funcionarios fronterizos estadounidenses están abandonando a madres con niños pequeños y otros migrantes vulnerables en ciudades fronterizas de México donde su seguridad está en riesgo”, apuntó la experta.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en sus siglas en inglés) comenzó a enviar de regreso a México a solicitantes de asilo en el marco de su programa de Protocolos de Protección de Migrantes (MPP) en el puerto de entrada de San Isidro, en el sur de California, el 29 de enero, y poco después en Calexico.
Para realizar el informe, Human Rights Watch y el grupo Hope Border Institute mantuvieron 23 entrevistas “exhaustivas” con solicitantes de asilo, así como entrevistas generales con funcionarios gubernamentales de EE.UU. y México, activistas locales y abogados, y observaron las audiencias judiciales de inmigración de MPP de 69 personas.
Las organizaciones detectaron “graves daños sufridos” por solicitantes de asilo en Ciudad Juárez, otra ciudad que participa en el programa, incluyendo secuestro, agresión sexual y violencia.
Entre otros casos, una solicitante de asilo hondureña de 23 años llamada Kimberlyn explicó que un conductor de taxi las secuestró a ella y a su hija de 5 años al regresar a Ciudad Juárez después de su primera audiencia judicial en Estados Unidos, en abril.
El conductor las liberó horas después, pero les advirtió que las mataría si su familia en Honduras no pagaba un rescate de 800 dólares.
Con información de EFE
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