Antes de convertirse en candidato de Morena a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, alzaba la voz y decía: “al diablo con las instituciones”. Esas palabras ya se las llevó el viento. Hoy la institución que defiende López Obrador es la que Él encabeza: una Presidencia que desdibuja a los otros poderes de la Unión –oficialmente llamados contrapesos, pero que han dejado de serlo–, un Congreso Federal con mayoría morenista y una Suprema Corte de Justicia que ha sido reforzada con ministros afines a su movimiento.

Las decisiones las toma Él y solo Él.

Disfrazadas de consulta popular, el Presidente pone a votación en sus mítines –a los que asisten “acarreados” mayormente morenistas– a que levanten la mano los que estén de acuerdo con la propuesta que él hace –naturalmente, siempre en medio de gritos y abucheos a los gobernadores de oposición–, y votan a favor y en contra de las autoridades, minimizadas por el propio Presidente.

Aún en la Grecia antigua se respetaban los votos –mano alzada– de los ciudadanos que estaban en contra de alguna decisión que se creía iba en contra de los electores.
Desde la Presidencia de México se dictan las líneas a las que deben someterse los funcionarios titulares de alguna cartera; aunque se han dado casos en los que el Presidente de la República, desmiente o contradice lo expuesto por sus colaboradores del más alto nivel.

Desde la palestra –o púlpito– de Palacio Nacional se tira línea al Congreso Federal para llevar a cabo las reformas electorales y la de revocación de mandato.
Por una parte quiere que desaparezca el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, cuando es una institución que, aun con los defectos propios de su función, es una instancia que le ha hecho bien a México, y que cuando ha sufrido modificaciones ha sido como respuesta a casos específicos para fortalecerlo, más no para adelgazarlo o desaparecerlo.

En lo que toca a la revocación de mandato, se quería que, de la mano con las elecciones intermedias, también se votara la aprobación o no, la permanencia o no del Ejecutivo al frente del país.

Por fortuna los legisladores de los mini partidos de oposición no permitieron que, por ahora, se votara esta iniciativa.

También desde ahí, el Presidente López Obrador arma grupos de funcionarios de alto nivel, como en el caso del equipo que coordina el “súper Canciller” Marcelo Ebrard, para la implementación de una política migratoria, acorde a las exigencias del gobierno de Donald Trump, saltándose a la Secretaria de Gobernación a la que corresponde llevar la política migratoria.

Sin excepción, los gobernadores de oposición siempre son abucheados en los eventos a los que acude el Presidente cuando visita sus Estados.

Durante su gira por el estado de Durango, el Presidente pide a un conglomerado de tres mil personas –en su mayoría morenistas– que levanten la mano aquellos que se opongan a la construcción del Metrobús –indispensable para comunicar la Comarca Lagunera: Gómez Palacio y Lerdo, en Durango, con Torreón, en Coahuila.

Como los “consultados levantaron la mano –para la cancelación de la obra– López Obrador concluye en voz alta: “¡No habrá Metrobús!”. ¡Y san se acabó!
¿Quiere el prócer de la Cuarta Transformación vilipendiar al federalismo? ¿Debilitar o desaparecer las instituciones que, con el concurso de los hacedores de la democracia –aunque endeble– han sentado buenas bases para fortalecerla? ¿Centralizar todas las decisiones políticas y en otros casos las de corte técnico, también se tomarán a voluntad personal “porque tiene las atribuciones”?

¡Al gobierno federal le vendría bien ingerir una buena dosis de realidad!
La austeridad como virtud moral no viene acompañada de un diagnóstico claro de cómo evitar la corrupción sin afectar a miles de burócratas, mientras el gobierno recorta a diestra y siniestra empleos, presupuestos o hasta los gastos irrisorios que significa que los trabajadores del Congreso y oficinas públicas no tengan una cafetera, un microondas para calentar sus alimentos traídos desde su casa o contar con un despachador de agua caliente o fría para su consumo diario.

Vale preguntarse si este concepto “moderno” de austeridad no llega a atentar contra los derechos humanos de muchos trabajadores mexicanos empeñados en hacer de México un país que brinde una vida digna para sus familias.

¿Tendremos democracia con instituciones débiles y un solo báculo decisorio o instituciones sin democracia?

¡Digamos la Verdad!