La ministra de Economía española, Nadia Calviño, reiteró el “rechazo” de su país a la iniciativa, que reforzaría el embargo que Washington aplica contra Cuba desde 1962
España ve “claramente perjudicial” que Estados Unidos active una normativa contra Cuba que habilita a demandar a empresas extranjeras en la isla por usufructuar propiedades confiscadas por la revolución de 1959, dijo el sábado la ministra de Economía española, Nadia Calviño.
Calviño, que participa en Washington en las reuniones de primavera del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, dijo a periodistas que el tema no surgió en sus encuentros con autoridades estadounidenses o representantes de instituciones financieras internacionales.
Pero reiteró el “rechazo” de España a la iniciativa, que reforzaría el embargo que Washington aplica contra la isla desde 1962.
Empresas españolas instaladas en Cuba están pendientes de que el gobierno de Donald Trump haga regir en los próximos días el título III de la Ley Helms-Burton de 1996, una cláusula que hasta ahora las administraciones estadounidenses no han puesto en vigor para evitar problemas con sus aliados europeos con intereses en la isla.
“El gobierno de España ha expresado claramente su rechazo a este tipo de cambios en la situación, que serían claramente perjudiciales para el buen desarrollo del comercio internacional y de la actividad económica en particular en la isla de Cuba, pero en general del clima de los negocios”, declaró Calviño en rueda de prensa.
El Título III de la Ley Helms-Burton permite presentar reclamos contra compañías que se benefician de activos nacionalizados después de la revolución de Fidel Castro.
“Un cambio en el régimen de aplicación de esta ley lo único que haría es abrir la puerta a una serie de recursos, pleitos y procesos judiciales y por tanto abrirían la puerta a la inseguridad jurídica”, subrayó Calviño.
Y enfatizó que la posición de España es además la posición de la Unión Europea, principal socio comercial de Cuba desde 2017.
Cuando la ley fue adoptada, el Departamento de Estado estimó que existían unas 200 mil demandas potenciales.
El emblemático Hotel Habana Libre, antiguo Hilton, administrado ahora por la española Meliá, estaría entre los posibles afectados.
Con información de Notimex
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