La revocación de mandato

Se discute esta semana en el Senado una reforma constitucional que alteraría profundamente la lógica democrática y los tiempos electorales del país.

Me refiero a la revocación de mandato, que se presenta en la misma iniciativa junto con la figura de la consulta popular, como si fueran parte del mismo árbol.

Poco o nada tienen que ver en un sentido profundo ambas figuras. La consulta popular es un instrumento plebiscitario en el que los votantes deciden Sí o No sobre las materias más diversas.

Quedan excluidas de su cobertura las cuestiones fundamentales del régimen político: los derechos humanos, los tratados internacionales, los impuestos, el presupuesto y la seguridad nacional.

La revocación de mandato toca solo un aspecto, pero un aspecto fundamental del régimen democrático: la naturaleza misma del mandato de quien ha sido electo como gobernante por los ciudadanos.

La iniciativa en cuestión establece una especie de segunda elección para el gobernante electo, cuyo tiempo de mandato original, seis años, podría ser anulado, revocado, a mitad del camino, en las elecciones intermedias del tercer año.

La posibilidad de revocar el mandato a la mitad del camino le quita la mitad del valor a la elección primera, puesto que todo mandatario electo por seis años entra al cargo bajo la sombra de su posible remoción tres años después.

Ser electo por seis años solo le garantiza un gobierno de tres, pues la revocación de mandato lo obliga a prepararse para comparecer ante el electorado tres años después y refrendar la validez de su cargo.

La semilla de incertidumbre y legitimidad disminuida que siembra apenas puede exagerarse.

Se presenta como una humilde subordinación a la voluntad de los votantes (“el pueblo pone, el pueblo quita”), pero en realidad abre una puerta a la lucha sin tregua por el poder.

Si la figura se ejerce desde y por una presidencia poderosa como la de López Obrador, parece innecesaria, redundante o maliciosa, como les parece a muchos: un paso intermedio a la reelección.

Si la figura se ejerce contra una presidencia débil, es un recurso de la oposición para quitar y poner presidentes a su antojo, en medio de una continua crispación electoral y una continua inestabilidad de los gobiernos.