Policías federales se hicieron pasar por agentes de la Interpol para detener a dos hombres de Acapulco, a quienes torturaron
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la recomendación 07/2019 a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y a la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, por violación a los derechos humanos en detenciones en Acapulco.
El organismo detalló que los hechos consistieron en la detención de dos personas por parte de cinco policías federales que se identificaron como “Interpol“, los subieron a una camioneta donde fueron golpeados, amenazados y trasladados a un inmueble en donde fueron interrogados; a la persona del sexo masculino lo torturaron física y psicológicamente.
Después de investigar el caso, la CNDH constató que los policías no se apegaron a los principios de seguridad jurídica y legalidad en la detención de las dos personas, al carecer de orden de aprehensión y no encontrarse acreditada la flagrancia o caso urgente.
Además, omitieron poner a las víctimas de manera inmediata a disposición de la autoridad ministerial para definir su situación jurídica.
Hasta 21 horas después de su detención la persona del sexo masculino fue presentada ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) en la Ciudad de México, mientras que la persona del sexo femenino estuvo retenida más de 26 horas y fue liberada, lo cual se desprende de las evidencias.
La comisión acreditó que los cinco policías vulneraron el derecho a la integridad personal de una de las víctimas, al haber infligido actos de tortura en su agravio con el fin de intimidarlo y castigarlo para extorsionarlo a cambio de su libertad y la de su novia.
Además, el personal ministerial federal a cargo de la indagatoria que se inició por el delito de tortura incurrió en responsabilidad por indebida procuración de justicia en agravio de la víctima del sexo masculino.
Por ello, la CNDH recomendó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, repare el daño a las personas agraviadas, en términos de la Ley General de Víctimas.
También instruyó a capacitar a los agentes de la Policía Federal en materia de derechos humanos sobre los estándares internacionales, acuerdos y protocolos relacionados con el derecho a la integridad personal, seguridad jurídica, libertad personal y prohibición de la tortura.
A la Fiscalía General de la República recomendó que se practiquen las diligencias legal y materialmente necesarias para que se determine la indagatoria iniciada por el delito de tortura conforme a derecho.
Además, que colabore con la CNDH en la queja que promueva ante la Visitaduría General de esa Fiscalía General contra un agente del Ministerio Público de la Federación, así como de quien resulte responsable, entre otras recomendaciones.
Con información de Notimex
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