Periodistas, abogados y activistas que estuvieron relacionados con la caravana de migrantes en diciembre fueron objeto de investigaciones por parte del gobierno de Estados Unidos
Documentos obtenidos por NBC 7 muestran que el gobierno de Estados Unidos creó una base de datos secreta de activistas, periodistas y personas influyentes en los medios sociales vinculados a las caravanas migrantes, colocando alertas en sus pasaportes.
A finales de 2018, alrededor de 5 mil migrantes centroamericanos se dirigieron al norte atravesando México hasta la frontera sur de los Estados Unidos.
Cuando la caravana llegó al Puerto de Entrada de San Ysidro al sur del condado de San Diego, también llegaron periodistas, abogados y defensores de los migrantes quienes buscaban ser testigos del desarrollo de los hechos.
Sin embargo, en los meses siguientes, los periodistas que cubrieron el suceso, así como las personas que ofrecieron asistencia a los migrantes, dijeron sentirse blanco de inspecciones y escrutinios intensos por parte de las autoridades fronterizas.
Una reportera dijo haber sido sometida a inspecciones secundarias tres veces y se le cuestionó sobre lo que vio y fotografió en los refugios de Tijuana.
Otra periodista dijo que pasó 13 horas detenida por las autoridades mexicanas cuando intentaba cruzar la frontera hacia Tijuana; finalmente, se le negó la entrada a México y fue enviada de vuelta a los Estados Unidos.
Reporteros y abogados estadounidenses dijeron que sospechaban que el gobierno de Estados Unidos los estaba vigilando de cerca, pero no tenían pruebas de ello.
Sin embargo, los documentos filtrados muestran que sus temores no eran infundados. De hecho, el gobierno estadounidense creó una base de datos secreta con sus nombres, en la que agentes recopilaban información sobre ellos.
Algunos tenían alertas colocadas en sus pasaportes, evitando que al menos tres periodistas y un abogado ingresaran a México para trabajar.
Estos datos fueron entregados a NBC 7 por una fuente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) bajo la condición de anonimato.
La fuente señaló que los documentos muestran una plataforma de colaboración empleada por agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, elementos de Seguridad Nacional y agentes el FBI del sector de San Diego.
La recolección de datos se hizo bajo la ‘Operación Línea Segura‘, destinada a monitorear la caravana de migrantes.
Los documentos enumeran a las personas que los funcionarios creen que deberían ser objeto de análisis en la frontera.
La lista de objetivos incluye miembros de organizaciones como Border Angels y Pueblos Sin Fronteras.
El documento se titula ‘Rama de Operaciones en el Extranjero del Sector de San Diego: Caravana Migrante FY-2019, Organizadores, Coordinadores, Instigadores y Medios Sospechosos’, y tiene fecha del 9 de enero de 2019.
En el documento están impresas las banderas de Estados Unidos y México, con una banda con la leyenda “ILU-OASISS-OMEGA”.
Un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional dijo que el sello indica que los documentos son un producto de la Unidad de Enlace Internacional (ILU), que coordina la inteligencia entre México y Estados Unidos.
Para cada persona, los documentos muestran su foto e información personal como fecha de nacimiento, país de origen y su papel relacionado con la caravana de migrantes. Algunos perfiles incluyen sus cuentas de redes sociales.
Entre los datos también se menciona si los funcionarios colocaron una alerta en el pasaporte de la persona; así como si fueron arrestados, entrevistados o si su visa o pase SENTRI fueron revocados.
“Somos una agencia de investigación criminal, no somos una agencia de inteligencia“, dijo la fuente de Seguridad Nacional a NBC 7. “No podemos crear dossiers sobre personas y ellos están creando dossiers. Esto es un abuso de la Autoridad de Búsqueda Fronteriza“.
Uno de los expedientes compartidos fue el de Nicole Ramos, Directora de Refugiados y abogada de Al Otro Lado, un organismo defensor de los migrantes y refugiados en Tijuana; entre los datos recopilados se incluía el auto que conduce, el nombre de su madre y su historial de trabajo y viaje.
Luego de que se reportara este hecho a Ramos, ella dijo que Al Otro Lado ahora está indagando la razón de por qué ella y otros abogados de dicho centro han sido blanco de las autoridades fronterizas.
NBC 7 envió la información a todas las agencias de control de fronteras y de la ley que aparecen en estos datos, preguntando si la información era válida y si estas tácticas eran legales.
“Las autoridades monitorean e investigan de forma rutinaria los eventos delictivos, como la violación del muro fronterizo en San Diego, que involucran agresiones contra la policía y un riesgo para la seguridad pública”, respondió un portavoz de CBP por medio de un correo electrónico.
“Es un protocolo que sigue estos incidentes para recopilar evidencia que podría ser necesaria para futuras acciones legales y para determinar si el evento fue orquestado”, apuntó.
“El CBP y nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley evalúan estos incidentes, siguen todas las pistas obtenidas de la información recopilada, llevan a cabo entrevistas e investigaciones y a menudo se preparan para prevenir incidentes futuros que podrían causar más daños al público, a nuestros agentes y a nuestra economía”, aseguró.
Con información de NBC 7
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