A esta demanda al gobierno de Texas también se sumaron Southwest Voter Registration Project, Mi Familia Vota y la Unión del Pueblo Entero
El gobernador de Texas, el Fiscal y el secretario de Estado de dicha entidad de la Unión Americana fueron demandados por siete latinos y organizaciones civiles, acusándolos de haberlos incluido en un listado de cerca de 9 mil personas sospechosas de haber votado ilegalmente.
El listado pretendía que las autoridades electorales de cada condado retiraran del registro de votantes a personas si no se demostraba su condición de ciudadanos estadounidenses.
Los demandantes son Julieta Garibay, del condado Travis; Eleana Keane, del condado Galveston; María Yolisma García y Lorena Tule-Romain, del condado Dallas; Abraham Espinosa, del condado Harris, así como Viridiana Tule y Efrén Gómez del condado Bexar, quienes presentaron la demanda ante la Corte Federal del Distrito Sur en Corpus Christi, en donde argumentaron que se les provocó un daño al sospechar de su ciudadanía.
A esta demanda también se sumaron Southwest Voter Registration Project, Mi Familia Vota y la Unión del Pueblo Entero.
Según datos del condado Harris se reportaron unos 30 mil “posibles no ciudadanos” a quienes se les exigió demostrar su ciudadanía.
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