Los juristas están divididos sobre la posible ilegalidad de la decisión de acabar con el acuerdo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala
El cierre unilateral de la misión anticorrupción de la ONU en Guatemala desató una guerra judicial y crispó las tensiones en el país, donde organizaciones civiles amenazan con protestas contra el gobierno del presidente Jimmy Morales.
Los juristas están divididos sobre la posible ilegalidad de la sorpresiva decisión de acabar con el acuerdo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig): unos la consideran ajustada a derecho, otros sostienen que el gobierno desobedeció fallos de la máxima instancia judicial del país, la Corte de Constitucionalidad (CC), que avaló la presencia de la Cicig.
El ombudsman local, Jordán Rodas, consideró que la decisión presidencial viola el estado de derecho, los tratados internacionales y el convenio de creación de la comisión. Por ello, presentó un amparo ante la CC para revertirla.
Rodas afirma que las acciones del presidente son un atentado contra la democracia y la lucha contra la impunidad y la corrupción.
Por otro lado, la organización Acción Ciudadana (AC), capítulo local de Transparencia Internacional, presentó igualmente en la CC un recurso de amparo en contra de la terminación del acuerdo de la Cicig y una solicitud para destituir al presidente y a la canciller, Sandra Jovel.
Se sumaron a la ola de críticas el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y Amnistía Internacional, según los cuales la medida viola las obligaciones internacionales y es “un nuevo atropello a la lucha contra la impunidad”.
En una primera consecuencia del anuncio, la misión internacional activó este martes un plan de contingencia y pidió al personal internacional salir del país “hasta nuevo aviso”, dijo a periodistas el vocero de la Cicig, Matías Ponce.
El vocero del Ejército, Óscar Pérez, indicó que a partir del miércoles los agentes privados de seguridad que resguardaban al personal de la Comisión deben entregar las licencias de tenencia y portación de armas de fuego.
Grupos projusticia, humanitarios, académicos, indígenas y universitarios piden que se revierta la medida del mandatario, mientras sectores conservadores, políticos de derecha y la cúpula empresarial demandan que se respete la decisión y soberanía del país.
Asimismo, varias entidades sociales organizan protestas en la capital y el interior del país contra el cierre de la Cicig.
Este martes, Estados Unidos pidió a los guatemaltecos evitar la violencia ante la crisis política desatada.
“Instamos a todos (los guatemaltecos) a preservar la paz y evitar la violencia” por la situación que atraviesa la nación, señaló en un comunicado la embajada del país norteamericano antes de remarcar su preocupación por “el futuro de los esfuerzos anticorrupción en Guatemala”.
En otro comunicado, el G13, que agrupa a países, agencias y organismos cooperantes, expresó su preocupación por el cese de la Cicig.
El grupo, una instancia de coordinación internacional y multilateral, está integrado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, España, Francia, Italia, Suecia, Suiza, Reino Unido, Noruega, Holanda y organismos como la Unión Europea y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Tensión acumulada
La decisión de Morales ocurre luego de que el fin de semana el Ejecutivo intentara impedir el ingreso al país del investigador colombiano Yinel Osorio, de la Cicig, y de un largo enfrentamiento con el jefe de la misión, el exjuez colombiano Iván Velásquez, a quien Morales quiso expulsar y, posteriormente, negó en setiembre pasado el ingreso al país cuando se encontraba de viaje en Estados Unidos.
Morales ha mostrado hostilidad hacia la Cicig desde principios de su mandato, en 2016, cuando el organismo dependiente de la ONU abrió una investigación contra su hijo y su hermano por evasión fiscal y lavado de dinero, y se agravó en 2017, cuando el propio presidente fue acusado de corrupción por el manejo de las finanzas de su partido durante la campaña presidencial de 2015.
El secretario general de la ONU, António Guterres, rechazó categóricamente la decisión e instó a las autoridades guatemaltecas a respetar los compromisos sobre la comisión.
Rechazo a la Cicig
Pero grupos dentro de Guatemala apoyan el fin de la Cicig.
“La terminación de la Cicig es una decisión que está dentro del marco de sus competencias (gubernamentales) por virtud de la Constitución” del país, dijo la patronal Cacif, que denuncia a la Cicig por “graves faltas al debido proceso”.
Sin embargo, advirtió que la medida debe de ir acompañada “de medidas efectivas que aseguren la lucha contra la corrupción y la impunidad”.
Por su lado, la agrupación derechista Guatemala Inmortal instó a la población a apoyar la decisión de Morales.
“La Cicig se fue apoderando del sistema de justicia (…) y la poca confianza que había en los jueces desapareció por culpa de la Cicig”, consideró el dirigente José Luis González.
Con información de AFP
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