En el país se percibe que la corrupción es una práctica ampliamente extendida en los espacios de acción gubernamental
En 2017 la tasa de incidencia de corrupción (25 541 delitos por cada cien mil habitantes que tuvieron contacto con servidores públicos) fue incluso mayor que la incidencia delictiva de robo en calle o transporte público (11 081 delitos por cada cien mil habitantes).
Lo anterior, de acuerdo con cifras del INEGI sobre las experiencias de corrupción que han padecido personas y unidades económicas al intentar hacer algún trámite gubernamental.
En el marco del Día Internacional contra la Corrupción, el instituto refirió que 14.6 por ciento de la población adulta en contacto con algún servidor público en 2017 experimentó algún acto de corrupción.
Mientras, 5.4 por ciento del total de los establecimientos fueron víctimas de corrupción. Al cierre de 2017, 14 entidades habían incorporado en su totalidad el esquema de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción en sus procesos de trabajo; 15 estados lo habían implementado parcialmente.
La corrupción, que puede ser definida como “el abuso de cualquier posición de poder, pública o privada con el objetivo de generar un beneficio indebido a costa del bienestar colectivo o individual”, puede presentarse a grande o pequeña escala. La corrupción a gran escala en el espacio público involucra a grandes empresas que deliberadamente entregan dinero o regalos a funcionarios públicos para verse beneficiadas de decisiones del gobierno.
La corrupción a pequeña escala es la que afecta a la población en general y se produce cuando la gente o las empresas pagan un soborno por obtener acceso a un servicio o bien público.
La relevancia del fenómeno de corrupción en el sentir de la sociedad mexicana se refleja en que más de la mitad de la población adulta considera que es uno de los principales problemas que enfrenta el país, solo por debajo del tema de inseguridad y la delincuencia, además de que se ha acrecentado en los últimos años.
En el país se percibe que la corrupción es una práctica ampliamente extendida en los espacios de acción gubernamental.
En 2017, nueve de cada 10 adultos residentes de áreas urbanas consideraron que la corrupción es una práctica frecuente entre los empleados del gobierno estatal quienes buscan obtener beneficios personales como dinero, regalos o favores por la provisión de algún bien o servicio.
Pese a que la ocurrencia de hechos de corrupción no es tan alta como la percepción de esta, la proporción de personas adultas que fueron víctimas de al menos un acto de corrupción se ha incrementado en los últimos años.
Con información de Quadratín
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