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He viajado en estos días por dos estados centrales de la República y conversado en círculos académicos, periodísticos, empresariales y políticos sobre la redefinición de poder y de control territorial que plantea la cuarta transformación a las regiones.

El sentimiento predominante que pude recoger, volviendo una y otra vez al tema, fue de incertidumbre.

Nadie sabe cómo aterrizará el rediseño federal sobre las estructuras locales vigentes. Nadie sabe, para empezar, cómo vendrá el Presupuesto, salvo que será reducido y etiquetado según las prioridades de la cuarta transformación.

Nadie sabe cómo se construirá la red administrativa y política de los superdelegados y sus coordinaciones regionales, frente a la red institucional de los gobiernos estatales y municipales. Nadie sabe cómo aterrizarán las unidades de seguridad de la Guardia Nacional, de mando militar único, sobre la estructura vigente de seguridad pública basada en la coordinación de las policías estatales y municipales con los efectivos de la comandancia militar del estado.

El sentimiento predominante que recogí fue de incertidumbre, pero en distintos momentos percibí también un filón de lo que tendría que llamar patriotismo local: cierto orgullo herido por el trato recibido de parte del nuevo gobierno federal.

Esa sensación de maltrato toca fibras históricas, de la sensibilidad antifederal, que es una pasión central del largo litigio mexicano sobre el federalismo.

La Revolución de 1913 y la rebelión cristera de 1926 fueron muchas cosas pero, entre otras, rechazos regionales a imposiciones del centro.

El rechazo al centro del incipiente patriotismo local que percibí no tiene un cariz violento, sino cívico, político, administrativo: nada que no pueda negociarse con ganancia para todos.

Pero está ahí ya, presente como siempre, en cuanto se rasca un poco, abierto en el apoyo a los gobernadores de Jalisco y el de Chihuahua en el foro de la FIL de que he hablado estos días, cuando decían con claridad que nadie iba a gobernar por ellos sus estados y que ellos tenían un mandato local de gobierno tan legítimo y democrático como el del nuevo Poder Ejecutivo federal.