La acusación se da luego del desmantelamiento de una red de empresas que vendía alimentos de mala calidad al gobierno venezolano
Caracas denunció este viernes que México busca bloquear el acceso de alimentos a los venezolanos para provocar un caos, al sancionar a personas y empresas que vendían al gobierno de Nicolás Maduro comida de supuesta baja calidad y con sobreprecio.
“Venezuela repudia toda acción que (…) persiga provocar un caos en nuestro país, sobre la base de negarle a la población el acceso a alimentos, medicinas y bienes básicos“, señala un comunicado de la cancillería difundido la noche de este viernes.
El gobierno socialista considera que la investigación de la fiscalía mexicana forma parte de una “guerra económica y bloqueo financiero” para derrocar a Maduro.
“Justo cuando Venezuela viene avanzando en la recuperación de su economía, ninguna operación de propaganda o agresión diplomática detendrá los programas sociales solidarios que Venezuela ejecuta para beneficiar al pueblo”, añade el comunicado de la cancillería, que califica de “finiquitado” al gobierno del presidente mexicano, Enrique Peña Nieto.
Según la investigación de la fiscalía mexicana, desde 2016 las personas y empresas sancionadas “han obtenido recursos (del gobierno venezolano), desviándolo de sus fines humanitarios, para en cambio adquirir alimentos y especular comercialmente con ellos”, dijo en conferencia de prensa Israel Lira, de la subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada.
La comida que compra el gobierno de Maduro a empresas mexicanas va a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAPS), un sistema de distribución de alimentos básicos a precios subsidiados para sectores pobres.
Se trata de paquetes con leche en polvo, harina de maíz, aceite, arroz, frijoles y a veces latas de atún que son vendidos a los venezolanos por 10 bolívares, equivalentes a unos 70 centavos de dólar, en una economía en crisis tras cinco años de recesión, con escasez de alimentos y medicinas y una hiperinflación que alcanzará 10 millones por ciento en 2019, según el FMI.
Numerosas denuncias apuntan a que estos productos, sobre todo la leche en polvo, no cumplen con los estándares mínimos de nutrición, mientras investigaciones periodísticas aseguran que detrás de estas despensas se teje una red de corrupción y lavado de dinero entre empresarios cercanos al gobierno venezolano.
Según las pesquisas mexicanas, los intermediarios se dedican a “adquirir productos de baja calidad” y exportarlos a Venezuela con un sobreprecio de hasta 112%.
Así, el Ministerio Público de la Federación celebró un “acuerdo reparatorio”, que garantiza que “los imputados harán entrega al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) la cantidad de tres millones de dólares“, que serán destinados para atender a América Latina y el Caribe, dijo Lira.
Con información de AFP
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