Desde hace tiempo, defensores de los derechos de la mujer y gobernantes discuten acerca de la legalización de la prostitución
En España, un intenso debate en torno a la situación legal de la prostitución se ha vuelto a encender luego de que el gobierno de centroziquierda descubriera que, inconscientemente, había aprobado el primer sindicato del país de sexoservidores.
Desde hace tiempo, defensores de los derechos de la mujer y gobernantes discuten si la legalización de la prostitución, que no es legal pero sí tolerada, sacaría de entre las sombras un negocio rentable que podría prosperar a costa del abuso contra las mujeres.
En el país europeo no existe una sanción para los que ofrecen servicios sexuales mientras no se haga en un espacio público. Además, las leyes están enfocadas en combatir el tráfico de personas.
No obstante, cuando se supo esta semana que la Organización de Trabajadores del Sexo (Otras) había recibido la autorización oficial para constituirse en sindicatos, muchos vieron en aquello un cambio en las posturas del Partido Socialista gobernante y un intento de dar a la prostitución un estado legal.
Magdalena Valerio, ministra de Trabajo, aseveró que le habían “colado un gol por la escuadra”, expresando su estupefacción cuando se dio cuenta de la medida que aprobó su dependencia.
La funcionaria señaló que el trámite burocrático se había realizado de manera técnicamente correcta, pero aseguró que “este Gobierno no va a avalar a un sindicato de una actividad que es ilegal y vulnera derechos fundamentales de las mujeres y hombres que por necesidad o situaciones diversas se ven abocados a tener que ceder sus cuerpos a un tercero para que abusen de ellos”.
Por su parte, el presidente Pedro Sánchez, cuya designación de un consejo de ministros integrado mayoritariamente por mujeres tuvo repercusión mundial, manifestó el jueves por medio de Twitter que su administración “no dará respaldo a ninguna organización donde se recoja esa actividad ilícita”.
“Este es un gobierno feminista, partidario de la abolición de la prostitución”, aseveró.
La anulación de este registro obligará al gobierno a iniciar una demanda, porque la autorización fue publicada el 4 de agosto en la gaceta oficial.
Concha Borrell, secretaria general de ‘Otras’, cuyos integrantes son sexoservidores tanto mujeres como hombres, sostuvo que “es posible que algunas personas con una posición acomodada en el gobierno enmascaren, tras la intocable tela del feminismo blanco, heterosexual y burgués, que demandar derechos laborales para un sector empobrecido y estigmatizado es una atrocidad. Para nosotras, sin embargo, es de plena justicia”.
Además, el partido antisistema Podemos llamó a aprovechar la situación actual para iniciar un debate sobre la prostitución y los derechos legales de las sexoservidoras, mientras que los grupos feministas están divididos.
Marisa Soleto, destacada activista y presidenta de la Fundación Mujeres, dijo a Europa Press que “la prostitución no es un trabajo, es un sometimiento de las mujeres, una esclavitud de las mujeres, y una marcada situación de desigualdad entre hombres y mujeres.”
Con información de The Associated Press
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