El 30 de junio de 2014, 22 personas murieron en una bodega de Tlatlaya. La Sedena dijo que fue por un enfrentamiento con un grupo criminal
La Procuraduría General de la República tendrá que realizar las diligencias necesarias para esclarecer y fincar las responsabilidades pertinentes por el llamado Caso Tlatlaya.
Lo anterior, por orden de Erik Zabalgiotia Noval, juez decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal, quien determinó que la dependencia violó los derechos de la sobreviviente Clara Gómez González a la adecuada impartición de justicia y a ejercer la coadyuvancia.
“La reciente decisión del juez se basa en que no se llevaron a cabo diversas diligencias anteriormente ordenadas; que algunas de las que sí se realizaron no son pertinentes ni idóneas; que no se analizaron pruebas provenientes tanto del expediente como de la CNDH y de las propias declaraciones de los militares involucrados; y que no se ordenó recabar nuevas pruebas ni fortalecer la acción penal”, expresó en comunicado el Centro Prodh.
De acuerdo con Prodh, a la fecha no hay ninguna persona rindiendo cuentas ante la justicia, a pesar de que la propia CNDH acreditó que entre 12 y 15 de las víctimas fueron ejecutadas arbitrariamente y se estableció que hubo alteración de la escena.
El 30 de junio de 2014, 22 personas perdieron la vida en una bodega de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México. La Sedena señaló que fue resultado de un enfrentamiento entre un grupo criminal y elementos del Ejército pertenecientes al 102 Batallón de Infantería.
No obstante, Clara Gómez aseguró que un número indeterminado de muertes fueron ejecuciones arbitrarias, pues los civiles ya se habían rendido.
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