La versión oficial del Gobierno indica que policías coludidos con el crimen organizado arrestaron a 43 estudiantes y los entregaron a miembros del crimen organizado
Este miércoles, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU reafirmó la validez de “la metodología y los hallazgos” del informe que hizo sobre el caso Ayotzinapa.
El comunicado del organismo internacional tuvo lugar tras las críticas hechas por el Gobierno mexicano este lunes.
El informe de la ONU del 15 de marzo concluyó que existen fuertes indicios que sugieren que “al menos 34 personas detenidas durante la primera etapa de la investigación sobre la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014”, fueron detenidas de manera arbitraria y torturadas.
“Estas serias violaciones fueron a su vez inadecuadamente investigadas y encubiertas”, señalaba la ONU.
Por su parte, el Gobierno de México entregó el 7 de mayo a la Oficina de Derechos Humanos un documento con varias críticas al informe del organismo internacional.
La PGR, así como las Secretarías de Relaciones Exteriores y Gobernación, indicaron que la ONU “se desatendió” del llamamiento que le había hecho el Gobierno en favor de una colaboración que permitiera atender por canales institucionales las preocupaciones que tenía.
Las autoridades mexicanas señalaron que tras aplicar el Protocolo de Estambul, que permite comprobar la existencia de tortura, “los resultados no sustentaron fehacientemente la comisión de tales actos”, asegurando que los hechos se encuentran bajo investigación judicial, por lo que las conclusiones de la ONU “son prematuras”.
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU declaró este miércoles que su actuación corresponde con el mandato establecido en el acuerdo de 2002 con el Estado mexicano, en el que se creó una oficina para el país.
El organismo internacional pidió a las autoridades mexicanas que implementen las recomendaciones del informe con el objetivo de esclarecer lo ocurrido, brindar reparación a las víctimas y garantizar que estos eventos no se repitan.
La ONU también instó al Gobierno mexicano a que concluya las investigaciones “dentro de un plazo razonable” y a identificar a los responsables de las detenciones arbitrarias y de los actos de tortura.
El organismo aseguró que seguirá de cerca las investigaciones porque hasta la fecha no hay ningún señalado como responsable de las violaciones de los derechos humanos.
La versión oficial del Gobierno indica que la noche del 26 de septiembre de 2014, policías coludidos con el crimen organizado arrestaron en Iguala a 43 estudiantes y los entregaron a miembros del cártel Guerreros Unidos, quienes los asesinaron e incineraron sus restos en el basurero de Cocula.
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