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Al final de su ensayo sobre el estado que  guardaba la “disputa por la nación” en 2010, Rolando Cordera y Carlos Tello Macías plantearon que lo que el país necesitaba no eran más reformas en el rumbo neoliberal.

Lo que hacía falta era “reformar las reformas”, “nacionalizar la globalización”, poner la desigualdad y la pobreza como ejes rectores de las decisiones públicas y emprender una “reforma social del Estado”.

Pero lo que siguió no fue eso.

Inesperadamente para todos, el gobierno priista de Enrique Peña Nieto encontró el mecanismo para darle al camino “neoliberal” sus más ambiciosos cambios desde el TLC de América del Norte. Peña Nieto negoció con las fuerzas de oposición, en el llamado Pacto por México, la aprobación de reformas que habían quedado pendientes y nadie había podido implantar.

La más notoria de ellas: abrir el petróleo y la electricidad a la inversión privada, nacional y extranjera: desmontar el monopolio energético del gobierno federal.

La siguiente, abrir a la competencia el sector de telecomunicaciones.

Otra: una reforma de competencia económica para castigar las prácticas monopólicas y la colusión de competidores.

Luego, una reforma educativa que rompió el poder de las fuerzas sindicales sobre la gestión escolar y estableció reglas de mérito y evaluación para el ingreso y la promoción de los maestros.

También una de flexibilización laboral, una de regulación financiera y una de recaudación fiscal que tomó varios puntos del PIB del bolsillo de los contribuyentes y marcó el inicio de la caída en la popularidad del gobierno, que no hizo sino agravarse desde entonces (mediados de 2014).

En mi opinión, no es la resistencia a las reformas lo que explica el desprestigio del presidente Peña Nieto, sino las altas cotas de inseguridad y corrupción alcanzadas durante su gobierno, índices respectivos de ineficacia y de inmoralidad pública.

La pérdida en estos ámbitos ha sido casi total. Se llevó en su cauda el crédito que hubieran podido tener por sí mismas las reformas y abrió el espacio para que la vieja “disputa por la nación” se instalara de nuevo, ahora entre la vía “cardenista”, asumida por el viejo rival de las reformas “neoliberales”, Andrés Manuel López Obrador, puntero en la contienda, y sus rivales, Ricardo Anaya y José Antonio Meade.

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