La medida se espera que tenga poco impacto debido a que el Parlamento a perdido todo su poder real a menos de la Asamblea Nacional Constituyente
La Asamblea Nacional de Venezuela abrió el martes el camino para “enjuiciar” al presidente Nicolás Maduro al autorizar a un grupo de magistrados exiliados procesarlo por presuntos hechos de corrupción vinculados a la constructora brasileña Odebrecht. Sin embargo, el juicio no tendrá ninguna repercusión debido a que esos jueces no son reconocidos por las autoridades locales.
Al grito de “¡Libertad, libertad!“, la mayoría opositora del Congreso aprobó por unanimidad una solicitud de antejuicio de mérito contra Maduro que fue realizada por una treintena de magistrados exiliados que integran el llamado “Tribunal Supremo Justicia en el exilio”. Éstos fueron nombrados el año pasado por el Legislativo y huyeron del país luego de que las autoridades ordenaran su detención para procesarlos por los delitos de usurpación de funciones y traición a la patria.
Con 105 votos a favor de opositores y dos en contra de dos diputados vinculados al oficialismo, la Asamblea Nacional determinó que existían méritos para continuar un proceso judicial por corrupción contra Maduro. Con esta decisión los jueces exiliados tienen el camino abierto para “enjuiciar” al mandatario, aunque sus acciones no tendrán repercusiones internas debido a que fuera de la Asamblea Nacional ningún poder público en Venezuela los reconoce. En el país funciona actualmente un Tribunal Supremo de Justicia que controla el gobierno.
“La corrupción de ese hombre (Maduro) es la que hoy nos ahoga”, afirmó el diputado opositor, Juan Guaidó, al defender el proceso contra el mandatario, y dijo durante la sesión que Maduro tiene que ser juzgado desde el exterior porque “Venezuela vive en dictadura”.
A la sesión del Congreso no pudieron ingresar los medios de comunicación debido a que guardias nacionales, que custodian el palacio legislativo, impidieron el acceso sin ofrecer explicaciones.
El proceso contra Maduro fue iniciado por la fiscal general destituida, Luisa Ortega Díaz, que acusó al gobernante de solicitarle a Odebrecht 50 millones de dólares para su campaña presidencial en 2013, y entregó a los magistrados exiliados documentos y testimonios de ejecutivos de la empresa constructora que presuntamente implicarían a Maduro en delitos de corrupción y lavado de dinero. Ortega Díaz, quien por años respaldó al gobierno, fue destituida en agosto pasado por la oficialista Asamblea Nacional Constituyente y poco después huyó del país. Uno de sus colaboradores informó a la AP que actualmente ella se encuentra en Colombia.
La fiscal destituida instó el martes a la fuerza armada venezolana a acatar la decisión de la Asamblea Nacional y detener al presidente para contribuir con la “restitución del orden constitucional” en Venezuela. Ortega Díaz dijo, en un mensaje que difundió en Twitter, que si los militares no cumplen la decisión de arrestar a Maduro, serán los organismos internacionales los que la ejecutarán.
La acción de la Asamblea Nacional fue rechazada por el fiscal general designado por la Constituyente, Tarek William Saab, que consideró el proceso como “nulo”.
Saab condenó las sesiones que han realizado en los últimos meses los magistrados exiliados en Estados Unidos y Colombia, y dijo el lunes en su cuenta de Twitter que los jueces pretenden “ilegalmente” acciones contra la democracia y Maduro.
Minuto a minuto
