Cientos de civiles kurdos han sido asesinados en Afrin desde que comenzó este año la ofensiva de Turquía
México ha expresado de manera reiterada su preocupación sobre la flexibilización en los hechos de las normas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que permiten la intervención militar de un Estado en territorio de otro país bajo el argumento de la legítima defensa.
Funcionarios mexicanos han expresado además su consternación de que pese a que el Consejo de Seguridad es notificado de que un creciente número de Estados lanzan ofensivas militares en países bajo una norma que ve estas incursiones como excepciones, el organismo no debate estas acciones.
Al menos 15 países han presentado cartas al Consejo de Seguridad y al secretario general de la ONU que argumentan que han intervenido en Siria, principalmente, para contener el riesgo que representa el grupo extremista Estado Islámico (EI) u otras organizaciones terroristas.
Estas cartas han invocado el artículo 51 de la Carta de la ONU, que establece “el derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva, en caso de ataque armado contra un miembro de la ONU”.
Las misivas precisan, sin embargo, que esta defensa es legítima “hasta tanto que el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad internacionales”.
No obstante, de acuerdo con México, así como con posiciones conjuntas expresadas por la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe (Celac) y por Brasil, estas cartas no han generado ninguna reacción de parte del Consejo de Seguridad.
En un discurso ofrecido este mes ante el Consejo de Seguridad, el embajador alterno de México ante la ONU, Juan Sandoval, expresó su deseo de “llamar la atención” a las continuas invocaciones del artículo 51 por algunos países para intervenir militarmente en otras naciones contra actores no estatales.
“Resulta preocupante que, con esta práctica, aunada al lenguaje ambiguo de recientes resoluciones del Consejo de Seguridad, se corra el riesgo de ampliar de facto las excepciones a la prohibición general del uso de la fuerza”, destacó Sandoval.
El funcionario señaló también “la falta de transparencia con la que se les da trámite” debido a que los miembros de la ONU no son informados sobre las misivas, pese a que son documentos públicos. Además, el Consejo de Seguridad no sostiene debates para estudiar y considerar su contenido.
Sandoval pidió en ese sentido al Consejo de Seguridad transparentar sus métodos de trabajo sobre un tema que implica el uso de la fuerza militar en terceros países y que, en el caso de Siria, no ha dado su consentimiento para tales acciones.
Entre las naciones que han enviado cartas se cuentan Alemania, Australia, Canadá, Bélgica, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Holanda, Reino Unido, Noruega, Egipto y Turquía, algunos de los cuales han entregado misivas en dos ocasiones.
En una carta enviada en junio de 2016, Noruega invocó el artículo 51 para informar que toma “medidas necesarias y proporcionales” contra el EI en Siria bajo lo que considera “el ejercicio de su derecho de auto defensa colectiva”.
Noruega no detalla, sin embargo, la naturaleza de su intervención militar, ni su dimensión. El Consejo de Seguridad, aparentemente, no consideró este tema, al contrario de lo que establece el propio artículo 51.
En una misiva fechada el pasado 20 de enero, Turquía anunció que había iniciado operaciones militares a fin de “neutralizar terroristas en Afrin (territorio sirio de mayoría kurda) y salvar a los hermanos sirios”, puntualizando que toda precaución se había tomado para “evitar daños colaterales”.
De acuerdo con informes de prensa y organismos civiles, cientos de civiles kurdos han sido asesinados en Afrin desde que comenzó este año la ofensiva de Turquía, que ha causado el desplazamiento de al menos 16 mil personas.
Según el grupo Human Rights Watch (HRW), guardias fronterizos en Turquía han disparado contra civiles que tratan de huir de Afrin hacia territorio turco. El Consejo de Seguridad, sin embargo, tampoco reaccionó a la misiva de Turquía.
En una intervención de octubre pasado en la sexta comisión de la Asamblea General, México había asentado la necesidad de que el Consejo de Seguridad modificara sus métodos de trabajo, dada “la importancia y gravedad de los temas que se abordan en estas cartas” que invocan el artículo 51.
En otra intervención en esa misma comisión, México declaró: “sugerimos al Secretario General abordar este tema en su próximo informe al ser del interés de toda la membresía”.
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