Ambos están acusados de recibir fondos de la estatal brasileña y declararon ante las autoridades sobre su presunta relación
La mañana de este jueves, el fiscal Hamilton Castro, jefe del equipo especial de investigación para el caso Lava Jato, interrogó al presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, sobre su participación en las empresas Westfield Capital y First Capital.
Con sede en Estados Unidos, estas compañías fueron contratadas por la brasileña Odebrecht entre los años 2004 y 2013 para servicios de asesoría.
Por su parte, casi al mismo tiempo, la presidenta del partido Fuerza Popular (que hasta el viernes pasado era la mayoría opositora), Keiko Fujimori, respondía en una fiscalía de lavado de activos por presuntos aportes que recibió de Odebrecht durante la campaña de 2011.
Además, se encuentran involucrados otros fondos hipotéticamente provenientes de “rifas y cocteles” en ese mismo año y 2006.
Westfield Capital, fundada en 1992, recibió de Odebrecht, entre 2004 y 2007, 782 mil 207 mil dólares por reembolsos de comisión fija y dos asesorías financieras.
Entre los años 2004 y 2005, Kuczynski fue ministro de Economía durante la administración de Alejandro Toledo, para después ser ministro hasta julio de 2006.
Durante ese periodo, la empresa Odebrecht adquirió la concesión para construir la carretera Interoceánica Sur, una obra que concluyó su edificación luego de la sobrevaloración y cuestionamientos técnicos por parte de la Contraloría.
Por su parte, la empresa First Capital fue creada por el socio del presidente Kuczynski, Gerardo Sepúlveda, y consigna el mismo domicilio que Westfield.
El mandatario declaró la semana pasada en mensajes transmitidos en televisión y en el Congreso, en una sesión llevada a cabo el jueves 21 en la que se discutió su destitución, que cuando adquirió el cargo de ministro, dejó en manos del gestor Sepúlveda las operaciones y no se enteró de los contratos de First Capital con Odebrecht.
La estatal brasileña declaró en una carta que los servicios prestados por ambas empresas se encuentran dentro de su contabilidad legal, y no en el Departamento de Operaciones Estructuradas.
Dicha área se encargó de los sobornos a políticos y funcionarios en América Latina y África para obtener concesiones, contratos y arbitrajes a su favor.
Con información de El País
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