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Ayer aquí afirmé que el cateo de las cajas de seguridad en las instalaciones de First National Security en Cancún podía desembocar en la caída del titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada que ejecutó la orden judicial, o del juez de turno especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en Quintana Roo que accedió a la petición del rastreo.

Haber hurgado en las cajas de seguridad pagadas por los arrendatarios, escribí, es “una descomunal chingadera que puede dejar sin cabeza a la Seido y en la calle al juez”.

Pues no. Ahora pienso lo contrario (“saber” es menos riesgoso que “deducir”).

Con lo reporteado por mis compañeros, entiendo que la magnitud de la narcodelincuencia en esa zona clave de la economía nacional y del turismo interno e internacional, con su cruda expresión en asesinatos, extorsiones y compra de autoridades locales y federales, desembocó en un operativo que parece, pero no es ilegal.

Y para Ripley: también sé ya que ningún juguete sexual apareció en alguna de las mil 500 cajas revisadas…

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