La CNDH aclaró que continuará atenta al proceso de los acontecimientos y emitirá los pronunciamientos que conforme a derecho correspondan
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió a las autoridades de los tres niveles de gobierno no soslayar la atención de las quejas que recibió este organismo y que les fueron remitidas durante la etapa de rescate de personas sobrevivientes y cuerpos, luego de los sismos del mes pasado.
A través de un comunicado, informó que ya inició las investigaciones por presuntas violaciones a derechos humanos por las 127 quejas recibidas hasta el momento, de las cuales solicitó información al respecto a distintas autoridades federales, estatales y municipales.
Refirió que de esas quejas, 119 ya están debidamente calificadas y ocho aún pendientes; de las primeras, 39 están relacionadas con las actividades de búsqueda y rescate en los inmuebles derrumbados y colapsados.
Además, 34 son por revisión de los inmuebles con posibles daños estructurales; 21 de trabajadores que refieren daños en las instalaciones de sus centros laborales y carecen de dictamen, y 13 relacionadas con prestación de servicios públicos.
Otras cinco quejas son contra el DIF Estatal de Morelos, relacionadas con el destino de los vehículos que transportan víveres, y porque dicha ayuda supuestamente se colocó en bolsas de la mencionada institución.
Tres más fueron remitidas a Comisiones de Derechos Humanos locales; una relacionada con seguros y esquemas de reparación (INFONAVIT) y tres más por temas diversos.
El organismo nacional indicó que todas las quejas han recibido la debida atención y se han dirigido a las áreas correspondientes para su investigación y desahogo.
Precisó que a raíz del sismo, la CNDH ha participado con más de 300 servidores públicos, entre abogados, médicos, psicólogos, criminalistas y personal de apoyo administrativo, y se realizaron en la Ciudad de México y los estados de Chiapas, Guerrero, México, Morelos, Oaxaca y Puebla.
Ha emitido un total de 151 oficios relacionados con solicitudes de información a distintas autoridades, medidas cautelares y otros temas, y ha recibido 20 oficios, siete sobre respuestas a medidas cautelares; 112 respuestas a solicitudes de información y una respuesta de los gobernadores a los oficios para la difusión de los protocolos internacionales.
Además, ha tenido seis reuniones de trabajo: dos con la Secretaría General de Gobierno de la Ciudad de México, una con la Procuraduría capitalina, una con padres y familiares de víctimas y dos más con organizaciones de la sociedad civil.
Las quejas recibidas en las siete entidades federativas afectadas ya fueron incorporadas a la cifra total y se han levantado actas circunstanciadas en los lugares visitados, en tanto que se han proporcionado servicios de acompañamiento, remoción de escombro, ayuda social, atención psicológica y orientación jurídica, entre otros, anotó.
Indicó que en la Ciudad de México se visitaron 53 albergues, se acudió a 27 centros de acopio y se gestionó la donación de medicamentos y material útil para rescate de víctimas y se realizaron gestiones ante el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, del Tribunal Superior de Justicia capitalino.
Ello para obtener datos de identificación de cuerpos, a fin de colaborar con los familiares en la búsqueda de personas no localizadas.
De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de las actas circunstanciadas levantadas en la capital del país se observaron entre otras deficiencias, desorganización y caos en los primeros días de rescate, por la inmediatez de la contingencia.
Añadió que en Chiapas su personal visitó los municipios de Arriaga, Pijijiapan, San Cristóbal de las Casas, Tapachula y Tonalá, donde no se recibieron escritos de queja.
Se elaboraron diez actas circunstanciadas de las cuales se desprende que en Pijijiapan solo 15 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional realizaban remoción de escombros y apoyan el reparto de despensas a personas damnificadas, y en la comunidad de Nueva Urbina hay 13 viviendas con daño total y 500 personas damnificadas.
En Tonalá se constató que 70 por ciento de la comunidad de Paredón está afectada, mientras que en Arriaga resultaron afectadas cuatro mil 800 viviendas, de las cuales 30 por ciento es pérdida total y hay 15 mil personas damnificadas.
En el Estado de México se visitaron los municipios de Calimaya, Coatepec Harinas, Tenango del Valle, Ocuilan, Ixtapan de la Sal, Joquicingo, Malinalco, San Antonio la Isla, Tenancingo, Tonatico, Villa Guerrero y Zumpahuacán, donde no se recibieron escritos de queja.
Finalmente, se elaboraron ocho actas circunstanciadas en que se destacan entrevistas con pobladores afectados, presidentes municipales, funcionamiento de centros de acopio y atención psicológica a personas, entre otros.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos aclaró que continuará atenta a la evolución de los acontecimientos y, en su momento, emitirá los pronunciamientos que conforme a derecho correspondan.
Redacción
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