Se deberá determinar también las diligencias que se practicarán para su agotamiento, así como los plazos y términos para su realización
La Comisión de Derechos Humanos local envió la recomendación 4/2017 a la Procuraduría y al Tribunal Superior de Justicia capitalinos, derivado de diversas irregularidades y falta de exhaustividad en la investigación en los hechos registrados en la colonia Narvarte, en julio de 2015.
La titular del organismo, Perla Gómez Gallardo, dijo que del análisis realizado a la investigación que la Procuraduría General de Justicia local, “se desprende que las actuaciones ministeriales a la fecha carecen de una investigación adecuada, diligente, integral, oportuna, eficaz y exhaustiva”.
Gómez Gallardo indicó que los hechos ocurridos hace casi dos años en un departamento de la Narvarte “dan cuenta del riesgo y la violencia que existe en la ciudad”.
En la recomendación subrayó la necesidad de investigar con la debida diligencia y perspectiva de género los feminicidios de Mile Virginia Martín, Yesenia Atziry Quiroz Alfaro, Olivia Alejandra Negrete Avilés, la defensora de derechos humanos Nadia Dominique Vera Pérez, además de homicidio del periodista Rubén Manuel Espinosa Becerril.
Gómez Gallardo comentó desde el inicio de la investigación no se actuó conforme a los protocolos de investigación determinados para cada delito, pese a que el propio jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, instruyó a que se abrieran todas las líneas de investigación.
Además, no se estableció una línea especial para el esclarecimiento de los hechos que consideraran que se pudieran haber producido por motivo de alguna característica particular de las víctimas, tales como género, ejercicio periodístico y defensa de los derechos humanos.
“A casi dos años de ocurridos los hechos, la Procuraduría continúa agotando las investigaciones; no obstante, la deficiente conducción de las mismas, la omisión de aplicar protocolos para cada tipo de delito.
Asimismo, “la demora prolongada en la investigación, la negligencia e irregularidades en la recolección de pruebas (…), constituyen violaciones al derecho al debido proceso y debida diligencia”, destacó en el documento.
Derivado de ello, la comisión acreditó diversas violaciones como al debido proceso y debida diligencia con relación a defender derechos humanos y a la libertad de expresión; derecho a la vida, a la verdad y acceso a la justicia.
De igual forma, se violentó el derecho de la integridad personal, “con relación al derecho a las personas fallecidas y el derecho a la honra y a la dignidad”, derecho a las mujeres a una vida libre de violencia.
Para Gómez Gallardo esta situación da cuenta del incumplimiento de las autoridades responsables de garantizar la protección de los derechos humanos, de acuerdo a los más altos estándares en la materia, así como a realizar una investigación acorde a las leyes e instrumentos vigentes.
Por ello, solicitó a la Procuraduría capitalina, en su calidad de autoridad responsable que, en un plazo que no exceda los 90 días naturales, se presente un plan integral de investigación que tenga por objeto subsanar las omisiones.
“Para tal efecto, se deberán realizar reuniones de trabajo periódicas con víctimas indirectas (familiares) y sus representantes, en las que su participación y que sus propuestas sean tomadas en cuenta para las investigaciones”, expresó.
Además, se deberá agotar y determinar en el plan integral todas las líneas de investigación, incluyendo las relativas a la actividad periodística de Rubén Manuel Espinosa Becerril y de defensa de derechos humanos, realizada por Nadia Dominique Vera Pérez.
De igual manera, se deberá determinar también las diligencias que se practicarán para su agotamiento, así como los plazos y términos para su realización, entre otros.
Redacción
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