El juez federal dijo que “quedan muchas interrogantes sobre lo apropiado del proceder del gobierno” en el arresto de Daniel Ramírez
Un juez federal ratificó un fallo que impide dejar en libertad a un joven mexicano detenido cerca de Seattle a pesar de ser beneficiario de un programa que ampara de la deportación a “dreamers”, personas traídas de manera ilegal a Estados Unidos cuando eran niños.
En su decisión emitida el viernes, el juez federal Ricardo S. Martinez dijo que “quedan muchas interrogantes sobre lo apropiado del proceder del gobierno” en el arresto de Daniel Ramírez Medina, de 24 años. El juez dijo que Ramírez Medina debe impugnar su arresto en un tribunal de inmigración, un sistema jurídico separado dependiente del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
El juez ratificó el fallo previo del juez magistrado federal James P. Donohue.
El 10 de febrero, los agentes de inmigración arrestaron a Ramírez en un complejo suburbano de apartamentos al que habían ido para detener al padre del joven. El padre, al que habían deportado antes, estaba catalogado como un delincuente implicado en delitos graves.
Ramírez fue detenido también y los agentes dijeron que él reconoció estar asociado con pandillas.
El joven, que se encuentra en un centro federal de detención en Tacoma, rechaza lo que se ha dicho de él. No tiene antecedentes penales y aprobó en dos ocasiones las revisiones de antecedentes para acceder al programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés), que ampara de la deportación a los beneficiarios y permite trabajar a quienes fueron traídos ilegalmente al país cuando eran niños.
Los abogados de Ramírez han intentado mantener el caso fuera de un tribunal federal de inmigración, un tipo de instancia que según ellos está mal dotada para atender la queja del afectado de que su arresto constituyó una violación a sus derechos constitucionales al debido proceso y que no debe quedar sujeto a un embargo irrazonable.
Los abogados no han impugnado judicialmente el procedimiento de deportación emprendido por el gobierno, pero pretenden que se le ponga en libertad sobre bases constitucionales.
El juez subrayó que como parte de sus acciones de deportación, el Departamento de Seguridad Nacional tiene la autoridad para detener a personas que están sin permiso en Estados Unidos.
Eso significa que Ramírez no tendría el derecho a ser puesto en libertad incluso si la corte determinara que sus derechos fueron violados, informó Martinez.
Ramírez es originario de la ciudad de La Paz, en el estado de Baja California Sur, en México.
Redacción
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