Al menos tres reporteros fueron detenidos durante la toma de posesión del magnate y son acusados de cargos criminales por amotinamiento
El Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) denunció que al menos tres comunicadores fueron arrestados cuando cubrían las protestas durante la ceremonia de toma de posesión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
El organismo, con sede en Nueva York, también denunció que estos periodistas enfrentan ahora cargos criminales por “amotinamiento”, por lo que urgieron a las autoridades de la capital, Washington DC, a retiran las acusaciones.
La policía arrestó a Evan Engel, productor principal del sitio web de noticias Vocativ, y a Alex Rubinstein, reportero de la emisora estatal rusa RT América, de acuerdo con reportes de prensa.
La policía también arrestó a Aaron Cantú, un periodista independiente que ha escrito para The Baffler, el sitio web Truthout y la agencia de noticias Al-Jazeera, según informes policiales revisados por el CPJ.
Los periodistas se encontraban el pasado 20 de enero entre las más de 230 personas detenidas en Washington el día de la toma de posesión, luego que personas incendiaran un automóvil y rompieran ventanas de negocios del centro de la ciudad, según informes y documentos policiales.
“Estos cargos son claramente inapropiados, y nos preocupa que pudieran enviar un mensaje ‘escalofriante’ a los periodistas que cubran futuras protestas”, dijo el coordinador del CPJ para América, Carlos Lauría.
“Hacemos un llamado a las autoridades en Washington para que descarten inmediatamente estos cargos”, enfatizó.
Los cargos criminales apuntan a que los periodistas son acusados bajo la sección del Código Penal de la ciudad, que establece penas de hasta 180 días de prisión y una multa de hasta mil dólares.
Sin embargo, el lenguaje de los cargos se refiere también a disturbios que resultan en daños corporales o más de cinco mil dólares en daños, lo que puede ser castigado con un máximo de 10 años de cárcel y multas de hasta 25 mil dólares.
“El arresto, la detención y el cargo por amotinamiento contra el periodista Evan Engel que estaba cubriendo las protestas de Vocativ son una afrenta a la Primera enmienda y a la libertad periodística”, consideró la portavoz de Vocativ, Ellen Davis, a través de correo electrónico.
Davis denunció al CPJ que la policía se apoderó de la cámara y el teléfono móvil de Engel.
La emisora rusa RT manifestó que Rubinstein mostró sus credenciales de los medios a la policía, pese a ello fue arrestado.
“Una granada de destello me golpeó la cara, me cegó por un momento, y mis oídos retumbaron por un rato (…) cuando terminaron de tratarme, y pude ver de nuevo, la policía nos rodeó y nos dijo que todos los presentes seríamos arrestados sin importar que yo fuera prensa”, declaró Rubinstein a RT.
El diario británico The Guardian informó que otros tres periodistas fueron arrestados en las protestas del 20 de enero, aunque el CPJ está investigando tal información.
Por su parte, el litigante Jeffrey Light presentó una demanda civil a nombre de más de 50 personas detenidas el 20 de enero con el argumento de que la policía arrestó de manera indiscriminada a las personas, incluyendo abogados, médicos y periodistas que no estaban involucradas en actividades delictivas.
En otra acción contraria a la libertad de expresión en Estados Unidos, el Instituto para los Recursos Mundiales (WRI) lamentó que la oficina del presidente Donald Trump ordenara a dependencias federales que suspendan la comunicación con el público a través de cualquier medio.
La orden fue emitida el martes luego que empleados de dependencias federales usaran plataformas de redes sociales para difundir información científica y relevante sobre el cambio climático y sus efectos en Estados Unidos.
El director en Estados Unidos de WRI, Sam Adams, consideró que la prohibición “obstaculizará el libre flujo de información y tendrá un efecto escalofriante en el personal de estas agencias”.
“Esto va en contra de una política eficaz que requiere un intercambio abierto de ideas, apoyado por la mejor ciencia y la evidencia disponible”, señaló.
“Reducir las comunicaciones de estas agencias dificultará su capacidad para proporcionar aire y agua limpia y para proteger la salud de las personas”, dijo Adams.
Redacción
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