El connacional decidió huir junto con su familia a Pennsylvania, luego de ser amenazado por el crimen en el Estado de México
Martín Esquivel puede ser el primer mexicano deportado de la administración de Donald Trump, a través de un largo proceso judicial, y el primero en los últimos 10 años en el estado de Pennsylvania, Estados Unidos, una de las zonas obreras que fueron fundamentales para el triunfo electoral del republicano en noviembre pasado.
En septiembre de 2012, la familia de Martín decidió huir de su casa en el Estado de México. Martín, entonces de 30 años, se acababa de unir al Ejército con la esperanza de obtener un mejor salario y hacer una carrera militar. Meses atrás, su esposa Alma Brígido, con quien ya tenía dos hijas, le había dado la noticia de su tercer embarazo. Su alegría se truncó: criminales lo amenazaron por convertirse soldado.
“El área donde nosotros vivíamos era pesada por la delincuencia y estas personas, al saber que Martín se había convertido en militar, pues se corrió rápido la voz, se sintieron intimidadas y empezaron a agredirnos, creían que ya tenían un soplón en la colonia”, cuenta Alma. Los delincuentes quemaron una de sus propiedades.
Alma y sus dos hijas emprendieron un viaje de cuatro días hasta Tijuana, Baja California. Un coyote las cruzó por 90 mil pesos y las encaminó hasta Pittsburgh, donde un año antes la madre de Martín, Elena Hernández, se había instalado sin documentos y comenzó a ganar dinero limpiando casas.
En diciembre de ese año, Martín alcanzó a su familia, después de cuatro intentos de cruzar la frontera de forma ilegal. La familia Esquivel decidió vivir al oeste de Pittsburgh, en una casa dúplex de dos habitaciones, donde después de cuatro meses también se mudó el hermano de Martín, su esposa y sus cinco hijos.
Martín consiguió trabajó en la construcción y se hizo miembro activo de organizaciones defensoras de inmigrantes, que desde 2005 mantienen una lucha a favor de la homologación de salario.
El 1 de mayo de 2016 Martín encabezó una protesta en las calles de Pittsburgh, para que él y sus compañeros de la construcción obtuvieran el mismo salario que los empleados de raza blanca. La mañana siguiente, siete elementos de inmigración (ICE) llegaron hasta la puerta de su casa.
“Vinieron, se metieron por todos lados buscando a Martín, diciéndole que estaba en problemas, todos apuntando con sus armas. Lo tuvieron aquí en la mesa diciéndole que se lo iban a llevar, que si teníamos drogas, pistolas”, recuerda Alma.
Según datos de la organización Community Justice Project, defensora de los derechos de los indocumentados en Estados Unidos, Pennsylvania es una de las entidades de mayor riesgo para esa comunidad, en gran medida por su baja densidad de migración.
En Pennsylvania el porcentaje de latinos es apenas de 2 por ciento, muy lejos de los latinos que viven en California (27.8 por ciento) o Texas (18.7 por ciento) según cifras del Instituto de Políticas Migratorias (Migration Policy Institute).
“A diferencia de otros estados, como Illinois, los inmigrantes, en especial la comunidad latina, sienten que no tienen derechos; no se organizan, no se animan a salir a las marchas… sus derechos son violados todos los días, en todos lados e instituciones, discriminados por no hablar inglés o por el color de su piel”, cuenta Brenda Soikes, abogada y activista en Community Justice Project.
Seis por ciento de los 12.9 millones de habitantes en Pennsylvania son inmigrantes y solo uno de cada cuatro latinos sin documentos es de origen mexicano. “Esto provoca que vivan en una posición de invisibilidad, los vemos pero tienen miedo”, dice Soikes.
Además de Pennsylvania, en estados del norte, como Ohio, Michigan, Missouri y Wisconsin, y en los del centro y sureste, como Utah, Arizona, Oklahoma y Texas, los migrantes pueden ser detenidos por perfil racial, pese a que las leyes federales lo impiden.
“ICE puede detenerte en cualquier momento y buena parte de ellos son trasladados a centros de detención en otros estados, de ahí que Pennsylvania lleve un récord cero en deportación, pero no así de detención”, explicó Soikes.
En noviembre de 2005, un grupo de 125 inmigrantes fue deportado a su país de origen, luego de ser detenido por ICE en una redada en una tienda Walmart en la ciudad de Pottsville. Cuatro eran mexicanos.
La siguiente deportación puede ser la de Martín. Tras su detención ha pasado por seis cárceles en distintos estados; su último traslado fue a la de Youngstown, Ohio, donde espera la decisión de un juez, quien puede definir su deportación por entrar al país de manera ilegal.
Sus parientes y organizaciones como Latino Family Center y The Pittsburgh Labor Council for Latin American Advancement emprendieron una campaña en redes sociales y a través del sitio keeptheesquivelfamilytogether.com para persuadir a las autoridades, demostrar su inocencia y solicitar asilo político por amenazas de crimen organizado en su país de origen.
Pero la defensa de Martín tiene pocas esperanzas de que obtenga el asilo. Según datos de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), 98 por ciento de las solicitudes de mexicanos es denegada. Las últimas cifras proporcionadas por esa organización arrojan que, entre 1994 y 2014, 200 mil mexicanos solicitaron este recurso.
La esposa de Martín está al tanto de la situación: “Tenemos mucho miedo de que lo deporten. Aun así tenemos mucha fe en que se demuestre que puede tener el asilo. Sabemos que lo que hicimos es algo malo para la ley (entrar a Estados Unidos sin papeles), pero no estamos haciendo algo que perjudique a otras personas…”
Cerca de las nueve de la noche de este martes, la familia informó que el juez en Ohio, que lleva el caso, aplazó por tercera vez la resolución de deportación contra Martín luego de una petición promovida por la defensa. El juez analizará más detalladamente el caso…
Con información de Milenio
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