El objetivo de las reformas es hacer que la ley sea operativa y colocar a los agraviados por el delito en el centro del sistema judicial
La minuta con proyecto de decreto establece un esquema flexible para usar y comprobar los recursos; eso asegurará que el fondo económico de reparación del daño se utilice de forma eficiente, ágil y transparente.
La ayuda podrá ser comprobable, cuando se entregue por adelantado y estará sujeta a comprobación posterior. Este esquema, apunta el documento, apoyará a las víctimas cuando tengan que trasladarse a diferentes lugares para conocer el avance del proceso jurídico.
También, se fortalece la facultad de atracción de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), a fin de determinar su intervención en la atención y eventual reparación del daño en casos del fuero local, cuando en los estados no se haga; si no paga la entidad, se descontará del presupuesto del año siguiente ante la falta en la creación de comisiones ejecutivas y fondos estatales.
Asimismo, podrán los afectados recibir ayuda de instituciones privadas con cargo al fondo de reparación del daño y contar con peritos expertos extranjeros cuando no haya en el país.
También, la estructura de la CEAV se modifica, así como su integración y funcionamiento; dejará de ser un órgano colegiado para estar a cargo de un comisionado ejecutivo con amplio reconocimiento en la defensa y protección de los derechos humanos.
Establece un Comité Interdisciplinario evaluador de la CEAV, con facultades reguladas para elaborar los proyectos de dictamen, de acceso al dinero del Fondo para el otorgamiento de los Recursos de Ayuda.
Además de reparación integral y, en su caso, la compensación que habrá de determinarse conforme a la ley, así como para la creación de fondos de emergencia. Con todo esto, subraya, se logrará la atención más ágil de las víctimas.
Se añadió en el texto el interés superior de la niñez, como un conjunto de acciones y procesos tendentes a garantizar un desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que les permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible.
Además, se reconoce la necesidad de atender y proteger, mediante un enfoque diferencial, a las personas que enfrentan desplazamiento interno, como un hecho victimizante autónomo que representa o se deriva generalmente de una violación grave, continuada o múltiple de diversos derechos.
Ello, amerita un tratamiento diferenciado para permitir a este sector contar con medidas de ayuda y asistencia particulares que coadyuven a garantizar el ejercicio de los derechos que le hayan sido afectados.
La diputada Lía Limón García, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), destacó la importancia de esta reforma, ya que abre la posibilidad de atender verdaderamente a las víctimas del delito, mediante una ley operativa y con eso resarcir la deuda que se tiene con este sector.
Dijo que “hoy el fondo económico de reparación del daño tiene más de mil 536 millones de pesos, del cual se erogó solo tres por ciento por las trabas existentes para ejercerlo. Lo que se hace con esta reforma es eliminar esos obstáculos en beneficio de las víctimas que podrán ejercer recursos; hasta ahora no lo han hecho por distintas trabas burocráticas, además de que revictimiza”.
El legislador Arturo Santana Alfaro, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), sostuvo que con estas modificaciones se tiene la oportunidad de dar a México una ley de avanzada y de vanguardia, para atender a un grupo de mexicanos que no gozan de la restitución de sus derechos fundamentales, ya que por limitaciones legales no se han ejercido casi dos mil millones de pesos a favor de víctimas.
La diputada María Gloria Hernández Madrid, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), destacó la importancia de los servicios de un abogado victimal, en caso que los agraviados no cuenten con un especialista jurídico que los oriente y apoye en el proceso judicial, lo cual permitirá una atención más oportuna ante una situación vulnerable.
Por Acción Nacional, el diputado Ulises Ramírez Núñez refirió la preocupación de organizaciones civiles sobre los montos de reparación, ya que en los últimos meses se ejercieron 80 millones de pesos del fondo.
De esa suma, explicó, 72 millones se destinaron a reparar agravios de delincuentes, quienes argumentaron el no respeto al debido proceso y a derechos humanos, y los ocho millones restantes fueron para las víctimas de delitos.
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