Teresa González permaneció más de tres años privada ilegalmente de su libertad acusada del presunto secuestro de seis miembros de la AFI
Tras casi 10 años de que Teresa González Cornelio, indígena hñähñú fuera condenada injustamente a prisión por un delito que no cometió, el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFyA) reiteró que la Procuraduría General de la República (PGR) debe reparar el daño integralmente, afirmó Amnistía Internacional.
A través de un comunicado, la organización no gubernamental recalcó que dicha resolución es de carácter inapelable y ordena a la citada dependencia a difundir en los medios de comunicación la inocencia de Teresa.
Cabe destacar que el caso de la señora Teresa González es el segundo acompañado por el Centro Prodh donde el TFJFyA ordena que una persona injustamente encarcelada reciba una reparación del daño por parte de la PGR. En mayo de este año, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa confirmó la decisión del TFJFyA que ordenaba otorgar la reparación del daño a la indígena Jacinta Francisco Marcial. Esta sentencia ya fue notificada a la PGR por lo que el plazo de 4 meses para que sea cumplida está en curso.
Cabe recordar que Teresa González permaneció más de tres años privada ilegalmente de su libertad acusada por el presunto secuestro de seis miembros de la Agencia Federal de Investigación (AFI), quienes supuestamente realizaban un operativo para decomisar mercancía en el tianguis de Amealco, Querétaro. La indígena fue liberada tras la sentencia dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al atraer y resolver el recurso de apelación interpuesto por la queretana con el acompañamiento legal del Centro Prodh. No obstante, la PGR se negó a reconocer su inocencia.
La organización Amnistía Internacional nombró a Teresa González presa de conciencia en febrero de 2010, pues había sido condenada injustamente a 21 años de prisión. Además manifestó que a Teresa se le negó un juicio justo y fue encarcelada por su situación social marginal de mujer indígena, pobre y con limitado acceso a la justicia.
Con esta resolución, queda pendiente el caso de la indígena otomí Alberta Alcántara Juan, quien fue detenida junto a Teresa y Jacinta, caso en el que la PGR interpuso un recurso de revisión que pide revocar la orden de reparación del daño. El caso ya se encuentra ante el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
Ambas organizaciones consideran que los casos de Jacinta, Alberta y Teresa, continúan siendo emblemáticos, incluso en el tema de reparación, pues con la lucha de las indígenas, se puede ganar un precedente fundamental para que la PGR se responsabilice por los daños que genera cuando incurre en actividades irregulares.
Redacción
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