El procurador de Coahuila compareció ante legisladores sobre las masacres realizadas en Allende y el penal de Piedras Negras
El procurador general de Justicia de Coahuila, Homero Ramos Gloria, aseguró en comparecencia ante diputados de las comisiones unidades de Defensa de los Derechos Humanos y Seguridad del Congreso local que está por concluir la segunda etapa de investigación de las masacres registradas en el municipio de Allende y al interior del CERESO de Piedras Negras.
“Estamos casi por concluir una segunda etapa de investigación para poder solicitar al juez nuevas órdenes de aprehensión; que nos faltan varias declaraciones de personas que estamos en localización, muchos de ellos reos que están en otros penales. No son casos cerrados, son procesos subsecuentes, aún no tenemos sentenciados, están todos consignados”, dijo.
Agregó que para engrosar la carpeta de investigación se ha solicitado a través de la Secretaría de Relaciones a Exteriores, la extradición de tres personas que actualmente se encuentran bajo proceso legal en Estados Unidos y la deportación de Juan Rafael Arredondo Oviedo, presunto involucrado en los hechos de Allende y quien está detenido en una Corte de inmigración en Chicago, Illinois.
Ayer la Corte de San Antonio, Texas declaró culpable de una decena de crímenes a Marciano Millán Vázquez, ex jefe de plaza del grupo delictivo “Los Zetas” que operó en el Norte de Coahuila y en cuyo juicio, testigos de las autoridades estadounidenses señalaron vínculos entre el cártel y el Gobierno de Coahuila, se refirieron a altos funcionarios de la administraciones de Humberto y Rubén Moreira, presuntamente sobornados para brindar protección al grupo delincuencial.
Ramos Gloria dijo que una vez dictada sentencia a Millán Vázquez, en octubre próximo, la Procuraduría solicitará a las autoridades federales de Estados Unidos el expediente para engrosar las investigaciones de las masacres y anunció que en una tercera etapa, la PGJE podría citar a declarar a ex funcionarios de la administración estatal pasada que tenían a su cargo áreas de seguridad y/o penitenciarías.
“Él seguirá otra ruta procesal, sin embargo nosotros sí debemos conocer los hechos a los que han hecho referencia y las causalidades. No quisiera adelantarme, si se va hacer las consignaciones correspondientes, no puedo yo adelantar nombres, ni número, incurriría en una responsabilidad, pero si hay responsables”.
Los diputados de la fracción parlamentaria albiazul cuestionaron la discrepancia en las cifras de desapariciones forzadas relacionadas con las masacres de Allende y el penal de Piedras Negras, pues los testigos del juicio contra Millán Vázquez refirieron 300 muertos en Allende; la Procuraduría insistió que hasta hoy tiene indicios reales de 28 desaparecidos en Allende y 150 personas asesinadas al interior del CERESO.
Por Magda Guardiola
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