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Nos cuesta tanto trabajo respetar la ley como aplicarla.

Vuelve a demostrarlo el caso de Oaxaca, donde una protesta plagada de acciones ilegales termina en una intervención de la fuerza pública que provoca lo peor: ocho muertos y más de 100 heridos que reencienden el conflicto e incendian el estado.

¿Qué pasó exactamente? Nadie puede decirlo. Las versiones encontradas se instalan de inmediato y se convierten en actos de fe.

Característico del episodio es la falta de claridad con que la autoridad da cuenta de los hechos y de sus acciones.

No hemos visto de las autoridades sino balbuceos, medias lenguas, cautelas procesales, medias verdades y mentiras flagrantes. Oyéndolas, uno no puede concluir sino que mienten, ocultan o son incapaces.

La autoridad perdió desde el primer día la batalla de la opinión pública.

La pieza de descrédito inicial fue el dicho de la Policía Federal, según la cual sus efectivos no iban armados ni siquiera con toletes. Dijo después que toletes sí llevaban. Luego de la circulación de fotos que mostraban a sus efectivos disparando, dijo que había enviado armas para responder a la “emboscada” en que cayeron.

La autoridad perdió la batalla de opinión pública y, a inmediata continuación, la batalla política.

Oaxaca toda, no solo Nochixtlán, el lugar de la refriega, parece tomada hoy por la violencia de la CNTE y sus aliados. Controlan las carreteras claves del estado con bloqueos que estrangulan la vida cotidiana. Las manifestaciones del movimiento son rutas de saqueo y vandalismo.

Oaxaca está en manos de la minoría magisterial  y sus aliados. Se han impuesto por la fuerza al gobierno local y al federal, en defensa de prebendas que representan lo peor de la tradición magisterial y sus clientelas. La autoridad no ha podido convencerlos ni vencerlos.

Hoy por hoy, Oaxaca está dominada por lo peor de Oaxaca, esos contingentes soliviantados de cuya movilización no vemos salir sino incendios y motines, bloqueos, plantones, cohetones, carreteras bloqueadas, enfrentamientos con la fuerza pública, muertos y heridos.

Una vez más, Oaxaca está sustraída de facto a la autoridad del gobierno. Nadie pagará tanto por esto como Oaxaca misma.

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