Presenta PGR informe del caso Iguala

La Procuradora General de la República, Arely Gómez González, entregó a los familiares de los normalistas “el Informe sobre el Caso Iguala: Estado que guarda la investigación de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero”, e informó también de la designación de Alfredo Higuera Bernal como nuevo Titular de la Oficina de Investigación del Caso Iguala, en sustitución de José Aarón Pérez Carro.

En la reunión realizada en las instalaciones centrales, la titular de la PGR se refirió al documento, en el cual se describen las principales actuaciones que el Ministerio Público de la Federación ha llevado a cabo en dicha investigación.

En el informe se contiene un recuento de las acciones realizadas desde el inicio de la indagatoria el 4 de octubre de 2014, hasta el 30 de abril de 2016, encaminadas al esclarecimiento de los hechos, determinar el paradero de los jóvenes estudiantes, aprehender a los responsables y asegurar que esos delitos no queden impunes.

En relación con el cambio de titular de la Oficina de Investigación del Caso Iguala, dependiente de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, la Procuradora Gómez González subrayó que este movimiento de ninguna manera significa interrupción o reinicio de la investigación en curso. “Habrá continuidad puntual”, reiteró.

Asimismo, de manera enfática, dio instrucciones al nuevo titular de la Oficina de Investigación y al Titular de la Coordinación General de Servicios Periciales, Jorge Alberto Zúñiga Malvárez, para actuar con estricto apego a la ley, honestidad, con transparencia, absoluta dedicación y privilegiando en todo momento el diálogo y trabajo cercano con los padres.

Por su parte, reiteró que la investigación de los lamentables hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, continúa abierta y se sigue trabajando con exhaustividad en el esclarecimiento de los hechos.

La titular de la PGR puntualizó en que recibió diversos planteamientos formulados por las madres y los padres de los normalistas en relación con el desarrollo de las indagatorias, y acordó que se mantendrán las reuniones periódicas de seguimiento al caso.

En la reunión estuvieron presentes: Eber Omar Betanzos Torres, Subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad; José Guadalupe Medina Romero, Subprocurador Especializado en Investigación de Delitos Federales, así como el Visitador General, César Alejandro Chávez Flores y el Titular del Órgano de Control Interno, Luis Grijalva Torrero.

Presentan el informe

Ante medios de comunicación en conferencia de prensa, el titular de la Subprocuraduría de Derechos Humanos Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, Eber Omar Betanzos Torres, señaló que si bien se entrega el “libro blanco” sobre la investigación, la misma continúa abierta y han podido efectuar diversas conclusiones que han permitido diversas consignaciones y seguir indagando en el posible destino de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

Betanzos informó que la PGR utilizó múltiples documentos, declaraciones, peritajes, todos ello asentados en el expediente. Aclaró que el informe presentado inicia con antecedentes sobre las competencias que tiene sobre el caso la PGR, y además señala los lineamientos de la investigación desde que tomó conocimiento de los hechos.

“Para poder comprender los hechos del 26 de septiembre en Iguala, es importante describir el contexto de delincuencia organizada en la región, lo que permitió poner en marcha estrategias para desarticular grupos criminales que operan en la Zona Norte de Guerrero”, informó el subprocurador.

“Así, pudimos conocer que la organización criminal Guerreros Unidos tejió una red de complicidades en la región, cuya penetración alcanzó a diversos municipios, quienes recibían importante cantidad de recursos, destinados, entre otras cosas, al control de la policía municipal”, aseveró Betanzos como resultado de las indagatorias.

Además indicó que el informe también presenta el reporte de los hechos ocurridos en la fecha, desde el momento en que los jóvenes salieron de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos.

GIEI fue fundamental

“El mecanismo entre PGR y GIEI fue fundamental para el cumplimiento de los objetivos”, señaló el subprocurador.

Así, señaló que su dependencia ha logrado atender 141 peticiones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de las cuales la PGR ha cumplido con más del 88 por ciento de las peticiones, y da desahogo a las peticiones faltantes.

“El término del período de colaboración del GIEI no implica la omisión de las actividades”.

Avances

Por su parte, el subprocurador señaló que existen los siguientes avances

• Consignaciones: 168 personas por delincuencia organizada
• Detenciones: 130 personas, entre policías de los municipios de Iguala y Cocula, así como integrantes de Guerreros Unidos
• Resoluciones judiciales: 422
• Declaraciones: 850, tomadas de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y de Tixtla, de integrantes del Club Avispones de Chilpancingo, así como integrantes de Guerreros Unidos, elementos policiales y testigos.

Por su parte, la PGR respetó la salvaguarda de las víctimas, para que las mismas tuvieran acceso de los derechos de la Comisión de Víctimas de acuerdo con la Ley General de Víctimas. Gracias a este mecanismo, se solicitó el reconocimiento como tal de los estudiantes de la Normal y de los jugadores de los Avispones de Chilpancingo.

Transparencia y Rendición de cuentas

Eber Omar Betanzos señaló que el pasado 13 de mayo, cuando se entregó la tercera parte del expediente, recogido en 47 tomos, mismos agregados a las primeras dos partes del expediente, se encuentran también en versión pública, misma puede ser consultada en la página de internet de la PGR.

“Es importante mencionar que, con motivo del segundo informe del GIEI el 24 de abril pasado, donde se acusa de posibles fallas en servidores públicos en diversas diligencias realizadas, las sanciones de los responsables y de la restitución de las personas, la PGR, desde el 27 de abril, ha iniciado las investigaciones correspondientes”

Investigaciones correspondientes

Betanzos Torres informó que la PGR ha llegado a las siguientes conclusiones:

“Una realidad ineludible es la delincuencia organizada en su conjunto, ya que degrada la calidad de vida, vulnera la convivencia social, daña el patrimonio, deja secuela en las víctimas y quebranta el estado de derecho”, señaló el subprocurador

Indicó que mejorar la seguridad pública es una de las principales tareas del Estado, mismo que está obligado a brindar la paz a las personas. “La actuación de las instituciones debe realizarse con la debida diligencia a fin de investigar delitos ,castigar a los repsonsables y facilitar la reparación del daño”, indicó.

Señaló que los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre ocurrieron en un contexto de inseguridad y delincuencia organizada, donde Guerreros Unidos ha tenido una fuerte presencia, impactando en la inseguridad en la región.

Explicó que Guerreros Unidos “ha venido disputando áreas de influencia con otras agrupaciones delincuenciales y ha generado una red de influencias en Iguala y Cocula, y donde se han involucrado policías locales”.

En ese contexto, señaló que el modo de operar de Guerreros Unidos resulta violento en función de las personas contra quienes realiza diversos actos de tortura.

De esta manera, los estudiantes arribaron a la ciudad para tomar camiones, hecho que derivó a Guerreros Unidos a actuar presumiblemente en su contra, utilizando a policías de Iguala y Cocula para detenerlos, privarlos de su libertad, interrogarlos y privarlos de su vida. Afirmó Betanzos que en esta averiguación, la PGR tiene los mayores indicios.

La PGR, en el ámbito de sus atribuciones, atrajo la investigación iniciada por la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJE) de Guerrero respecto a los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014.

Ante ello, el titular de la subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR señaló que la dependencia estableció una serie de investigaciones por la SEIDO y por La Subprocuraduría de Derechos Humanos.

En este contexto, indicó, el trabajo de la PGR “permitió encontrar una serie de evidencias a partir de varias diligencias para el esclarecimiento de los hechos”.

Betanzos reiteró que la PGR mantiene su compromiso en atender las recomendaciones de Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como reconoce la asistencia técnicas del Sistema Interamericano de Derechos Humanos a través del GIEI.

En consecuencia, reiteró que la PGR continúa analizando las recomendaciones formuladas en los dos informes del GIEI para su debida atención.

Por su parte, señaló que la intervención del equipo argentino de antropología forense ha ayudado a robustecer la información previa recabada.

Además, indicó que el Caso Iguala sienta un precedente en nuestro país sobre la atención de las averiguaciones previas y la forma de investigar en nuestro país.

“La investigación he dejado un estándar en cuanto a averiguación previa, y es un modelo de investigación serio y exhaustivo”.

En tanto, en materia de transparencia, Betanzos Torres señaló que el expediente en línea permite que la información conozca cómo se ha integrado el expediente.

Por último, concluyó que PGR, atendiendo los principios de legalidad, objetividad, honradez y derechos humanos, ha reunido elementos para consignar a la mayor parte de los responsables, indagar en el esclarecimiento de los hechos, seguir en la investigación del posible destino final de los estudiantes y se ha podido desarticular a la organización Guerreros Unidos.

Prospectiva

La investigación sigue abierta; es prioritario fortalecer el acercamiento con las víctimas; brindarles confianza, y hacer que permanentemente estén informados sobre la investigación y darle certeza.

Es importante destacar que se deben indagar en ampliar la búsqueda de mayores indicios para conocer el destino final de todos los normalistas

La PGR pone especial intención y señalará todos los tratos crueles y posibles irregularidades, para que estos no queden impunes.

La conclusión del mandato de asistencia técnica no significa el cierre e la investigación del Caso Iguala. Por el contrario, quiero destacar que la PGR continúa trabajando en todo momento.

Es innegable que ante hechos lamentables no solo resulta lastimadas las personas y la sociedad, si no que el estado de derecho queda afectado. Las instituciones aceptamos el papel que nos corresponde y aceptamos el compromiso ineludible de que las víctimas accedan a una justicia efectiva, sujeto a una actuación que debe regirse por los principios de certeza, legalidad, eficiencia profesionalismo honradez disciplina y respeto a los derechos humanos como lo disponen los medios mexicanos.

Redacción