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Acalambra el miserable silencio de las organizaciones no gubernamentales de “derechos humanos” mexicanas e internacionales que suelen desplegar histérico activismo cuando se trata de probables atropellos policiacos y militares.

¿En qué se diferencia la criminal vejación de ayer a 15 trabajadores de la educación en Chiapas del igualmente criminal suplicio de una joven a manos de mujeres del Ejército y la Policía Federal del célebre video?

Ninguna de las víctimas de tales atrocidades, en estricto rigor, fue golpeada o herida, pero todas fueron lastimadas en su dignidad.

Todas y todos, también, fueron martirizados por quienes, desde el punto de vista jurídico, son “servidores públicos”.

La pasividad de esas organizaciones civiles contrasta con la lógica y enérgica reacción de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con frecuencia calumniada por esas ong por no sumarse a la invención de imaginarios “crímenes de Estado”.

Y en otro sucio negocio, el de la búsqueda de poder, Andrés Manuel López Obrador, ávido de los votos de esos criminales, guarda también ominoso y cómplice silencio.

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