La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anuló la detención de control judicial, medida impulsada en 2013 por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que sustituía el arraigo domiciliario. La invalidación del artículo 270 Bis 1 del Código de Procedimientos Penales del DF por parte del Pleno de la Corte se realizó unánimemente … Continued
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anuló la detención de control judicial, medida impulsada en 2013 por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que sustituía el arraigo domiciliario.
La invalidación del artículo 270 Bis 1 del Código de Procedimientos Penales del DF por parte del Pleno de la Corte se realizó unánimemente debido a que esta resolvió que la ALDF generó una modalidad de arraigo no existente en la Constitución.
En septiembre de 2013 este modo de restricción de libertad fue creado por la ALDF y el apoyo del Jefe de Gobierno, Miguel Álngel Mancera así como de Édgar Elías Azar, presidente del Tribunal Superios de Justicia capitalino (TSJDF) como reforma para un arraigo más a fin a los derechos humanos, con un periodo de detención de 10 días a pesar que los arraigos tradicionales son de 60 u 80 días.
La detención por control judicial sigue siendo arraigo ya que cumple en formas de aplicación así como se realiza por las mismas autoridades que en un arraigo común, explicó la ministra Olga Sánchez Cordero, por lo que se considera una detención previa a la consignación del sospechoso, con el fin de que el Ministerio Público pueda conformar una investigación.
Por su parte Arturo Zaldívar consideró que la Asamblea capitalina hizo un “fraude de ley” al cambiarle el nombre a una permanencia de arraigo.
Además la ministra Sánchez señaló que en el nuevo sistema penal acusatorio, ya vigente en el DF, la Carta Magna solo autoriza arraigos federales en casos de delincuencia organizada y no por otros delitos o en asuntos de las autoridades locales.
Con ello Sánchez remarcó la posición de la Corte sobre que los estados no pueden legislar sobre arraigo ya que estos solo competen a las autoridades federales.
Varios ministros se enfocaron en que esta medida de detención con control judicial fue una violación a la Constitución, aunque también se reconoció la invasión del legislativo capitalino en atribuciones federales.
La detención con control judicial fue llevada a cabo en 4 ocasiones entre octubre de 2013 y junio de 2014 por parte de la PGJDF e impugnada ante la Corte por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la CDHDF.
Con información de Reforma
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