Pleno de la Asamblea aprobó dictamen que reformó el Código Penal capitalino, con el cual se buscará castigar a quien cometa dicho delito
En la Ciudad de México quien extorsione y además haga creer que se trata de grupos de delincuencia organizada será castigado hasta con 14 años de prisión.
El Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó en Periodo Extraordinario el dictamen con el que reformó el Código Penal del Distrito Federal, a través del cual se busca castigar con mayor rigor a quien cometa la práctica de extorsión.
El dictamen, presentado por el diputado José Manuel Ballesteros, prevé una adición al Párrafo Cuarto del Artículo 236 del Código Penal para el Distrito Federal, y de acuerdo con el legislador, la iniciativa propone una agravante más para el delito de extorsión.
Cuando el sujeto activo emplee mecanismos o formas de amenaza que hagan creer a la víctima que en la comisión del delito intervienen grupos de delincuencia organizada o asociaciones delictivas y que por ello se constriñe su voluntad, serán sancionados con más rigor.
Detalló que el Artículo 236 refiere que quien obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro para sí o para otro causando a alguien un perjuicio patrimonial, se le impondrán de dos a ocho años de prisión y de 100 a 800 días multa.
Cuando el delito se cometa contra persona mayor de 60 años de edad, las penas se incrementarán en un tercio.
Ballesteros mencionó que las penas se aumentarán en dos terceras partes cuando el delito se realice por servidor público, miembro o ex miembro de alguna corporación de seguridad pública o privada.
“Se impondrán además al servidor o ex servidor público, de la corporación de seguridad pública o privada, la destitución del empleo, cargo o comisión público, se le inhabilitará de uno a cinco años para desempeñar cargos o comisión públicos; y se le suspenderá el derecho para ejercer actividades en corporaciones de seguridad privada”, dijo.
El asambleísta aclaró que, además de las penas señaladas, se impondrá de dos a seis años de prisión cuando en la comisión del delito se emplee cualquier mecanismo o amenaza para hacer creer a la víctima la supuesta intervención en el delito de algún grupo vinculado a la delincuencia organizada sin ser ello cierto.
Las penas aumentarán en una mitad cuando se utilice como medio comisivo la vía telefónica, el correo electrónico o cualquier otro medio de comunicación electrónica.
Redacción
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