Habrá que leer el segundo informe sobre Ayotzinapa del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), con sus 608 páginas y sus laberintos periciales. De la conferencia de prensa de ayer dada por sus miembros, infiero que el nuevo informe añadirá poco al esclarecimiento del caso. En cambio, añade mucho a la reflexión sobre el sistema … Continued
Habrá que leer el segundo informe sobre Ayotzinapa del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), con sus 608 páginas y sus laberintos periciales.
De la conferencia de prensa de ayer dada por sus miembros, infiero que el nuevo informe añadirá poco al esclarecimiento del caso.
En cambio, añade mucho a la reflexión sobre el sistema penal mexicano y sus limitaciones: burocratismo, falta de independencia, rigor científico y analítico y, en la cúspide de sus males, el fondo de su oscuro pozo, la rutinaria naturalidad de la tortura.
Los pasajes convincentes de la conferencia de GIEI fueron para mí las recomendaciones para mejorar al sistema penal mexicano y el relato de los 17 presos confesos del caso que presentan huellas de tortura.
Las recomendaciones nos recuerdan cosas que los mexicanos sabemos de siempre:
Hay que disminuir la burocracia del proceso judicial y su fragmentación jurisdiccional, que hace los procesos opacos, manipulables y laberínticos.
Hay que dar menos peso a las confesiones de los inculpados, potenciar la calidad de las pruebas objetivas, crear cuerpos periciales autónomos, independientes de la autoridad.
Hay que contextualizar las investigaciones, de modo que la desaparición de los 43 de Ayotzinapa sea parte de los otros muchos desaparecidos de Iguala, y que la investigación del crimen en Guerrero incluya el del negocio de la siembra de amapola y sus bandas, característico de la zona.
Hay que poner en primer sitio de toda investigación el respeto a los derechos humanos y el castigo a sus violaciones. Al efecto, hay que seguir la cadena de mando al responsabilizar a los responsables (no solo a los carteros), otorgar plenas garantías médicas a los detenidos, y no criminalizar a las víctimas.
Suscribo todas y cada una de esas cosas, que recojo de mis notas al paso de la conferencia de prensa.
Añado que no quisiera tener en ninguna instrucción criminal mexicana testimonios tan claros de torturas como los que el GIEI ha recogido del expediente de Ayotzinapa.
17 detenidos, testigos de cargo del caso, muchos de ellos contra sí mismos, presentan lesiones agravadas en sucesivas constancias médicas de sus tiempos de reclusión.
El GIEI no se atreve a decir aquí lo que debiera: todos los torturados deben ser puestos en libertad por la elemental violación a sus derechos al debido proceso de que han sido víctimas.
Minuto a minuto
