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Desde que levantó y cacareó (mediados de marzo) su denuncia por supuesto “fraude” contra Emilio Álvarez Icaza, José Antonio Sánchez Ortega estaba destinado a ser bateado por la Procuraduría General de la República.

El calumniador fracasó ya como promotor de la embestida mediática para descalificar a la abogada colombiana Ángela Buitrago (doctora en derecho y sociología, especializada en derecho penal y en criminología), integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH.

Aunque no hay delito de portación de cuñado prohibido, el hecho de que sea esposo de una hermana (Victoria Serrano Limón) del Señor de las Tangas (que combate la libertad de las mujeres a decidir la interrupción del embarazo) da idea del extremismo derechoso de Sánchez Ortega.

El hilarante incidente (tan serio que suele ser, Álvarez Icaza patinó al tomar el trámite ministerial como “una regresión al México autoritario”) permite recomendar la relectura de las cardenalicias tonterías del caso Posadas, en que Sánchez Ortega participó en la coautoría de un demencial “crimen de Estado…”.

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